Boliden y los sindicatos se comprometen a estudiar reducciones de costes para evitar despidos este año

Tras una semana de contactos informales, la dirección de Boliden Apirsa y los representantes de los trabajadores escenificaron ayer el inicio de negociaciones para pactar las condiciones laborales de los próximos meses, una vez que la compañía, en suspensión de pagos, ha anunciado que dejará la mina de Aznalcóllar en octubre de 2001. Ambas partes se comprometieron a buscar fórmulas de reducción de costes que no pasen por despedir a empleados de la plantilla, después de una reunión de cinco horas condicionada por un tercer interlocutor fantasma: el "posible" comprador de la mina.

La decisión de la filial española de Boliden Limited de dejar dentro de doce meses la mina en la que se originó (en abril de 1998) el vertido tóxico en el Guadiamar no sólo arroja sombras sobre el futuro de la actividad en Aznalcóllar, también sobre el presente. La empresa ha esgrimido argumentos económicos (una deuda de 14.600 millones) para no iniciar el próximo mes la tercera fase de explotación del yacimiento de cinc abierto y ahora sus cuentas son distintas: un centenar de trabajadores, se quedan, directa o indirectamente, sin cometido al no comenzar la nueva fase y los ingresos que genera la segunda fase no son suficientes para pagar a toda la plantilla (474) y a los acreedores. "La empresa nos ha presentado su nuevo plan de producción y ahora nosotros lo analizaremos para ver donde se pueden reducir costes", explicó Rafael Varea, secretario estatal de Minería de CC OO. El dirigente sindical afirmó que los representantes de los trabajadores reiteraron en la reunión (a la que asistió el consejero delegado de Boliden Apirsa, Carl Södeberg) su oposición a "ajustes en la plantilla" y aseguró que hay margen para disminuir gastos en otras áreas. "No sólo se puede reducir en costes laborales, también se puede hacer algo en los costes operativos, en los costes sociales o incluso en lo que se gasta en explosivos", indicó.

El arco de posibilidades para reajustar las cuentas a la nueva situación es, sin embargo, muy estrecho: es poco probable que los sindicatos encuentren fórmulas más baratas que la empresa para comprar material o explosivos y, como recordó el propio Varea, tras la suspensión de pagos, los interventores judiciales velarán porque los derechos de proveedores y acreedores queden intactos. Tan sólo queda retocar los "costes sociales" -rebajas en las cuotas a la Seguridad Social, para lo que necesitan del visto bueno del Ministerio de Trabajo- o que los trabajadores acepten disminuir los "costes laborales" sin llegar a "soluciones traumáticas" como el despido: regulaciones temporales de empleo o incluso recortes en los sueldos.

Ambas partes acordaron reunirse el próximo día 2 de noviembre para analizar la contrapropuesta de los sindicatos sobre el nuevo plan de producción de Boliden Apirsa y "discutir su evolución y desarrollo, en el ánimo de despejar dudas hacia un futuro inversor o comprador que mantenga la actividad minera". Varea reconoció que la firma del comunicado conjunto buscaba "reafirmar ante la opinión pública la viabilidad minera de Aznalcóllar, donde hay un yacimiento que todavía tiene 40 millones de toneladas de mineral de gran calidad".

En enero, las ofertas

Eso sí, los sindicatos avisaron de que su actitud conciliadora tiene fecha de caducidad: en enero de 2001, la empresa tendrá que poner las cartas boca arriba y desvelar si, efectivamente, existen compañías interesadas en la compra de la explotación y cuáles son sus ofertas. La búsqueda de un comprador para garantizar la supervivencia de la mina (el yacimiento abierto no se agotaría hasta 2010) cuenta con el respaldo de la Consejería de Industria. Eso sí, su titular, José Antonio Viera, aseguró ayer en el Parlamento que su departamento aprovechará "cualquier resquicio legal" para no abonar los 450 millones de ayuda a Boliden pendientes de cobro (Junta y Gobierno subvencionaron con 6.277 millones las inversiones para abrir el yacimiento). Para recibir estos fondos, Boliden Apirsa debe mantener una plantilla mínima de 430 empleados.

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