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Subastafobia

Miguel Ángel Fernández Ordoñez

Dime de qué discutes y te diré quién eres. En los países atrasados políticamente se discute si el mejor sistema para elegir gobernantes es el de las elecciones libres o el del nombramiento a dedo mientras los más avanzados discuten cuál es el mejor sistema electoral entre los muchos existentes. Aquí estamos todavía discutiendo si, para la asignación de licencias de telefonía móvil, son mejores los concursos de belleza que las subastas, mientras que en Inglaterra, Australia o EE UU se discute cuál es el mejor diseño de subasta entre los muchos posibles.Hasta ahora nuestros gestores públicos se habían movido en el terreno de la concursofilia, esto es, trataban de demostrarnos las ventajas del concurso frente a la subasta. Pero ahora parece que se está dando un paso más allá y, de las reticencias de las subastas, se ha pasado a la persecución de las mismas. Parece que estuviéramos entrando en una especie de subastafobia, de odio a las subastas, que lleva no sólo a despreciar las subastas como método de asignación de bienes públicos sino a impedir que otros las utilicen. Así hemos visto como el Gobierno central ha advertido al presidente de la Comunidad de Madrid que no le dejará privatizar la televisión pública siguiendo el método de subasta. Pero si alguien pensó que el presidente madrileño es un liberal favorable a la competencia y la transparencia se equivoca. No tiene más que examinar el proyecto de ley que acaba de presentar a la Asamblea de Madrid cuyo objetivo es que aquellos ayuntamientos que están vendiendo el suelo público por medio de subastas, no puedan hacerlo.

El argumento que ha dado para perseguir a los ayuntamientos que utilizan las subastas es absolutamente peregrino: las subastas, al adjudicar el suelo a quién pague más, suben el precio del suelo. Nada más erróneo, las subastas ni bajan ni suben el precio, simplemente lo reflejan. La finalidad de la subasta no es conseguir un precio alto sino proporcionarnos la tranquilidad de que hemos dado una cosa por lo que vale, por su precio. Si no gusta el precio del suelo que reflejan las subastas, lo que hay que hacer no es ahorcar al mensajero -la subasta-, sino atacar las causas de los elevados precios del suelo en España y que no son otras que la restricción en la oferta de suelo y ello es consecuencia de que seguimos sin modificar una legislación injustificadamente restrictiva del derecho de propiedad que no encuentra parangón en ningún país occidental.

Las subastas no deben perseguirse sino fomentarse. La subasta es el sistema que cumple mejor con los dos principios esenciales de una correcta asignación de los recursos públicos: la transparencia y la competencia. Si la Asamblea de Madrid aprueba la ley propuesta, ello significará que solares que valen 1.000 millones de pesetas serán entregados, por ejemplo, por 800 millones, a los promotores. Esto no lo haría nunca ningún particular y no debería hacerlo quien administra los recursos de la colectividad. Pero si los argumentos técnicos de asignación eficiente de recursos no convencen, piénsese que esa ley llevará inexorablemente al favoritismo (darle a alguien algo cuando hay otro dispuesto a pagar más por ello) y abre la posibilidad de que aparezca la corrupción. La diferencia entre 1.000 y 800 son 200 millones que pueden servir para "engrasar" voluntades. En el caso de la gestión del urbanismo, donde parece que la corrupción está instalada desde hace tiempo, impedir las subastas es más que un error técnico-económico.

Sorprende que en un momento en que, gracias a Internet, las grandes empresas privadas de todo el mundo están utilizando las subastas para la gestión de sus compras o ventas, los gestores públicos españoles vayan justamente en el sentido contrario. Es de lamentar que estemos empleando nuestro tiempo en criticar al gobierno madrileño por perseguir las subastas en vez de estar discutiendo qué tipo de subasta evita mejor la colusión entre los licitadores o cuáles son las mejores formas de proteger objetivos públicos o sociales sin perder los beneficios de la transparencia y la competencia que proporcionan las subastas.

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