La juez del 'caso Zamora' divide el sumario en cinco piezas separadas

Vigilancia de edificios

La magistrada que instruye las diligencias previas del caso Zamora, Raquel Blázquez, ha acordado la formación de cinco piezas separadas, tras aceptar en parte la propuesta planteada a finales de julio por el fiscal Rafael Álvarez Cienfuegos. El auto de la juez establece, sin embargo, que los efectos de esta separación de los asuntos objeto de la investigación "afectan sólo a la clasificación y agrupación ordenada de las diligencias practicadas" y, por tanto, advierte que ello "no supone desgajar de la causa otros procedimientos independientes", porque "la causa penal sigue siendo única". El PSOE, que ejerce la actuación particular, no se opuso, pero sí la defensa de los imputados Dionisio García Carnero, ex senador del PP, y Aurelio Tomás, ex diputado de ese partido.El auto de la juez mantiene una "pieza principal" en la que se incluye todo lo actuado hasta el momento y que representa la esencia del caso Zamora: los hechos "susceptibles de integrar el tipo penal de los delitos de prevaricación, cohecho, usurpación de funciones o tráfico de influencias", por la supuesta adjudicación injusta de obras y servicios de la Diputación Provincial a determinadas empresas "a cambio de dinero, dádivas o presentes a favor de Alianza Popular-Partido Popular o de personas del entorno de esta formación".

En esta "pieza principal" se mantiene como imputados al grueso de los cargos del PP, funcionarios y empresarios incluidos en la querella del PSOE y la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. En cada una de las cinco piezas separadas que acuerda la instructora aparecen otros imputados, como los ex diputados provinciales del PP Ricardo Ferrero Domingo, Serafín Olea Losa y Vicente Vaquero Marino, que no figuran como tales en la "pieza principal" pese a la petición del fiscal.

La primera de las piezas separadas se constituye en torno a la adjudicación de vigilancia de los edificios de la Diputación a Zamorana de Seguridad, ligada al ex diputado Casto Lorenzo Ortega y su esposa. La segunda se refiere a las adjudicaciones del control de calidad de obras de la Diputación a Inzamac, mientras que la tercera recoge las adjudicaciones para la redacción de proyectos a Tecopysa, del gurpo Inzamac, a cuyo frente se sitúa Carlos Rodríguez Fernández, ex edil popular de Zamora. La pieza cuarta investigará la adjudicación a Sanitas del contrato de asistencia sanitaria a los funcionarios de la Diputación de Zamora. Un asunto en el que la fiscalía propone como testigo al ex diputado provincial y actual senador del PP José Bahamonde Salazar, cuya familia tenía la representación de Sanitas en Zamora. La pieza quinta se refiere a la irregular adquisición de un escáner para el hospital Rodríguez Chamorro, dependiente de la Diputación.

La juez ha rechazado en cambio la pretensión del fiscal de crear otra pieza con las contrataciones de personal de la Diputación al considerar que están directamente ligadas al objetivo de la pieza principal.