Elorrieta acusa al Gobierno central de "apropiarse" de fondos de Hobetuz

El secretario general de ELA, José Elorrieta, reclamó ayer al Gobierno que adopte "medidas de hecho" para resolver el bloqueo de la financiación de Hobetuz, la fundación vasca para la formación continua, y señaló que la fundación similar de ámbito estatal, la Forcem, es "puro mercado negro de formación" en Euskadi. En una rueda de prensa en Bilbao, Elorrieta aseguró que la falta de recursos económicos de Hobetuz supone "una apropiación indebida de unos fondos cotizados por los trabajadores vacos en el marco estutario". También el sindicato abertzale LAB mantuvo ayer esta tesis.El presupuesto de Hobetuz para este año asciende a 1.500 millones de pesetas, 3.500 millones menos que el pasado año. Esta última cantidad fue aportada en los últimos años por el Gobierno central fruto del pacto entre el PP y el PNV. Roto este acuerdo en esta legislatura, el Gobierno vasco no ha conseguido esos fondos extraordinarios y debate quién los va a aportar.

Como "actores" de esa supuesta vulneración de la legalidad vigente, Elorrieta situó a UGT, CC OO y la CEOE, a la que recordó pertenece la patronal vasca Confebask. Para ELA, estas entidades dependen presupuestariamente de los fondos del Forcem, institución a través de la cual se "roba" a los trabajadores vascos, enfatizó. Ante esta situación, indicó que deben plantearse recursos jurídicos, pero, a la vez, desde el Gobierno vasco se tienen que tomar medidas para que haya una aportación económica suficiente para la formacion continua vasca.

"Marcha atrás" del Estatuto

Germán Kortabarria, responsable de comunicación de ELA, pidió a las partes que están negociando la renovación, por tercera vez, del Acuerdo Nacional de Formación que excluyan de su ámbito territorial a Euskadi o, en su caso, reconozcan que su ámbito queda afectado por Hobetuz. El responsable de formación continua de la central nacionalista, Edu Markinez, remitió ayer una carta a la CEOE en la que, además de realizar esta petición, advierte de que si no se atiende la misma, las organizaciones que suscriban el acuerdo elegirán seguir instaladas "en un estado de flagrante ilegalidad".Todo este conflicto, según Kortabarria, se enmarca en una estrategia del PP y el PSOE para dar "marcha atrás en las competencias del Estatuto", indicó. El sindicalista agregó que habría que adoptar una política de desobediencia dentro de los límites democráticos.