Frente común de las instituciones contra la delincuencia reincidente

La preocupación por la delincuencia reincidente ha desencadenado un frente común entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Delegación del Gobierno en Cataluña. Ambas instituciones presentaron ayer una propuesta conjunta para actuar contra las bandas de delincuentes reincidentes de la ciudad dedicadas a la comisión de pequeños delitos, como tirones de bolso, hurtos, robos con violencia y robos en domicilios.

Se trata de un primer paso para intentar acabar con la situación de impunidad que se ha llegado a producir, ya que muchos de esos delincuentes reincidentes entran y salen de las dependencias judiciales el mismo día debido a la levedad de las penas que castigan esos delitos. El problema se ha cebado en el corazón de Barcelona, el distrito de Ciutat Vella, que es el más frecuentado por turistas, las principales víctimas de ese tipo de delincuencia. La propuesta de ambas instituciones fue presentada ayer durante la reunión que celebró la Junta Local de Seguridad, a la que asistieron, entre otros, el alcalde, Joan Clos, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas. En ese encuentro se entregó un borrador con las medidas propuestas al fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, quien estudiará el documento y se pronunciará sobre la necesidad de reformarlo o no para hacer posible su aplicación dentro del actual marco legal.

Un portavoz de la Delegación del Gobierno aseguró ayer que se pretende poder aplicar en breve las medidas que se exponen en la propuesta, para lo cual habría que variar el actual procedimiento judicial y hacerlo más efectivo, en lugar de optar por una reforma del Código Penal, solicitud que se plantea siempre que se produce un rebrote de algún tipo de delito, pero que resulta ineficaz porque ha de pasar por las Cortes y es lenta. Fuentes del Ayuntamiento insistían ayer en que se trata de un primer paso, "pero importante" porque demuestra el interés por resolver el problema.

Entre las propuestas barajadas figura la posibilidad de acusar a los autores de estos delitos como banda organizada. Responsables municipales y policiales coinciden en que quienes cometen estos pequeños delitos tienen una estructura jerarquizada, casi con un mando estable y un reparto de funciones en el que cada uno sabe cuál es su papel. Esa manera de funcionar ha sido comprobada sobre el terreno por varios responsables, tanto policiales como del Ayuntamiento de Barcelona, en el distrito de Ciutat Vella, más concretamente entre el grupo de argelinos que delinque en todo el Casc Antic.

Para acusar a un grupo de banda organizada es necesario poder demostrar que existe esta jerarquía y, posteriormente, que los jueces aprecien este hecho a la hora de dictar sentencia. En algunos casos se han podido reunir las pruebas suficientes, según informaron fuentes municipales, que, no osbtante, reconocieron que se trata de un proceso complejo.

El antecedente más claro de los grupos organizadas es la llamada banda de los peruanos. Hace dos años, la Guardia Civil detuvo a más de 60 integrantes de esa banda por los robos cometidos en las autopistas. La fiscalía presentó cargos contra ellos y les acusaba de ser una banda organizada. Sin embargo, un juez acabó revocando esa imputación y ordenó la libertad de todos los detenidos.

La policía considera que estos pequeños delitos de hurto, tirones y robos con violencia son los que generan la sensación de inseguridad ciudadana que periódicamente brota en algunas zonas de la ciudad y que este verano se ha hecho patente en el distrito de Ciutat Vella, donde se ha llegado a identificar a 250 delincuentes reincidentes. En julio, la situación se complicó en la zona del Arc del Teatre y un grupo de vecinos decidió formar patrullas y salir a la calle cada noche. Algo parecido ha sucedido en el Casc Antic, en los alrededores del mercado de Santa Caterina, donde un grupo de unos 70 argelinos se instalaron en los terrados, en los que se encontraron cientos de carteras y objetos robados.

Se trata de delitos cuyas víctima no suelen sufrir daños, pero causan graves molestias, no por el valor de lo sustraído, sino por la pérdida de documentos personales que han de volver a solicitarse, como el DNI.

Las estadísticas oficiales avalan la opinión de la policía. El año pasado, por ejemplo, los juzgados de instrucción abrieron 270.356 diligencias por todo tipo de delitos. Los más numerosos fueron los hurtos (83.411 casos), es decir, sustracción de bienes ajenos sin intimidar a las personas ni utilizar la fuerza. Otras 50.198 diligencias se cursaron por robo y 9.398 por robo o hurto de vehículo de motor.