Gil envió más de 650 cartas para reclamar facturas con las que justificar 35.000 millones al Tribunal de Cuentas

El alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, llegó a remitir más de 650 cartas a contratistas, proveedores y profesionales que realizaron servicios para las sociedades municipales, en las que reclamaba facturas con las que documentar los más de 35.000 millones de pesetas de gastos sin justificar detectados por el Tribunal de Cuentas, según aseguró ayer la portavoz municipal socialista, Isabel García Marcos. Los grupos de la oposición -PSOE, PP y PA- redactan conjuntamente una moción para pedir la celebración de un pleno extraordinario para tratar las alegaciones al informe del Tribunal sobre la fiscalización de Marbella entre 1990 a 1999, a cuyo contenido todavía no han tenido acceso.García Marcos, dijo que Gil "busca desesperadamente facturas", y explicó que en las misivas, firmadas por el alcalde accidental, Julián Muñoz, se solicita "información" sobre las cantidades facturadas a las empresas municipales durante los años 1997, 1998 y 1999, y "si tienen alguna cantidad pendiente de cobro y el importe de la misma". Para la edil es "sorprendente e insólito" que las sociedades públicas "pidan esta información a empresas y profesionales".

La concejal lanzó también duras críticas contra los seis funcionarios que, asegura, figuran en la larga relación de empresas y personas físicas a las que el equipo de gobierno ha enviado las cartas. Estos altos cargos habrían percibido "más de una remuneración con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento y de las sociedades municipales", pese a ser incompatible legalmente. Para García Marcos se trata de "un grupo de privilegiados, que abrazaron la fe del gilismo cuando empezaron a recibir pagos tan extraordinarios".

Entre estos trabajadores municipales figura el arquitecto jefe del Servicio de Obras y Urbanismo, Francisco Merino, al que calificó de "entusiasta colaborador y defensor de la política urbanística de Jesús Gil", hecho que achacó "a las elevadas retribuciones brutas que percibe como funcionario". Señaló que por su cargo el arquitecto municipal cobra 9 millones de pesetas, a los que hay que sumar "servicios extra prestados a sociedades municipales": Recibió más de siete millones en 1996 y cinco millones y medio en 1997.

Socialistas, populares y andalucistas se han reunido para elaborar una moción consensuada entre los grupos de la oposición, que tienen previsto presentar hoy, en la que exigirán la celebración de un pleno extraordinario sobre el informe del Tribunal de Cuentas. Según explicó la concejal popular, Francisca Caracuel, el documento estará firmado por los concejales de las tres formaciones.

Por otra parte, los cinco ex ediles del GIL en Manilva, ahora en el Grupo Mixto, propusieron ayer al PSOE la creación una plataforma política conjunta, para conformar una nueva mayoría en la localidad, en la que gobierna IU con el apoyo de los socialistas. La ejecutiva provincial del PSOE ha enviado a su agrupación de Manilva instrucciones "para que rechace rotundamente esta oferta".