Chaves avisa a Boliden de que la Junta recuperará las subvenciones

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, advirtió ayer a Boliden Apirsa de que el Gobierno autonómico intentará recuperar las subvenciones públicas concedidas a la compañía, "en el supuesto de que la empresa no haya cumplido con la legalidad y opte por irse". La filial española de la multinacional Boliden Limited presentó el pasado lunes un expediente de suspensión de pagos para hacer frente a 14.600 millones de deudas y concluir en un año sus operaciones en la explotación minera de Aznalcóllar, donde se originó, en abril de 1998, un vertido tóxico que anegó 4.000 hectáreas del entorno de Doñana. La Junta y el Gobierno central aprobaron en 1994 conceder a fondo perdido 6.277 millones de pesetas a Boliden Apirsa, como subvención a un proyecto de inversión que le permitiría explotar un nuevo yacimiento (Los Frailes) a partir de 1998, y garantizar así la continuidad de la mina durante, al menos, diez años más.

El cobro de las ayudas se interrumpió durante un año por el vertido tóxico pero se reanudó tras la reapertura de la mina (en junio de 1999) y, ahora, la empresa ha recibido todas las ayudas, salvo 450 millones de la Junta. La subvención aprobada por la Consejería andaluza de Industria ascendía a 1.255 millones, el resto correspondía al Gobierno central.

El Gobierno andaluz prevé ahora agotar las posibilidades legales de exigir a la firma la devolución de los fondos públicos ya otorgados. Estas subvenciones estaban destinados a la puesta en marcha del yacimiento de Los Frailes, que ahora abandonará Boliden Apirsa. Eso sí, fuentes sindicales matizaron que una parte pequeña del yacimiento lleva un año abierto, y que la empresa planea seguir extrayendo mineral (cinc y cobre) de esa zona hasta octubre de 2001.

Puestos de trabajo

El presidente andaluz matizó ante los periodistas que Boliden Apirsa ha suspendido pagos pero no está en quiebra, por lo que aún quedaría margen para "salvar la mina y los cerca de 500 puestos de trabajo". Chaves indicó que "si esto no es posible, a partir de una decisión del juez de suspensión de pagos o de la empresa de irse", se debe buscar un nuevo socio para explotar un yacimiento minero que "aún puede ser rentable durante muchos años".Chaves apuntó que harán que la empresa "cumpla con todas sus responsabilidades civiles y económicas derivadas de sentencias o de resoluciones judiciales", y subrayó que "el hecho de que la empresa se vaya, no la va a eximir de cualquier responsabilidad pecuniaria o financiera dictada por los tribunales, esté donde esté, eso lo vamos a garantizar desde la Junta". La juez Celia Benhad-Ben, que investiga la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, ha imputado en la instrucción del caso a 22 personas, entre ellas siete empleados de la filial de Boliden Limited.