La oposición minimiza el plan de prestar servicios a través de fundaciones

El PSPV y Esquerra Unida acusaron ayer al consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, de esconder bajo el anuncio de la aplicación de nuevas fórmulas de gestión en la atención sociosanitaria, tanto incumplimientos presupuestarios como el inicio de un proceso hacia la privatización. El Consell anunció el martes que permitirá la creación de fundaciones con capital privado para gestionar los servicios sociales de la Generalitat.El diputado del PSPV Antonio Torres destacó la falta de documentos del "supuesto nuevo modelo", ya que, apuntó, no existe borrador o propuesta en firme sobre estas fórmulas. Torres se refirió a "la información aparecida en los medios de comunicación" para señalar que si la novedad de Blasco consiste en "colaborar con instituciones sin ánimo de lucro, fundaciones, cooperativas o sociedades anónimas laborales, eso ya existe".

El diputado justificó el anuncio en la necesidad de "desviar la atención" de los problemas de la consejería que, señala, son la falta de presupuestos, de recursos para los sectores sociales necesitados y los continuos recortes presupuestarios. "Entre 1999 y 2000 ya se han recortado 2.400 millones en inversión en Bienestar Social por parte del Consell", señaló.

El diputado de EU Ramón Cardona también mostró su disconformidad. "Los poderes públicos no pueden renunciar a cuestiones que son competencia suya", señaló Cardona. El diputado dijo que la medida tomada por el Consell es un paso hacia la privalización. "No creemos en la introducción del mercantilismo en este tipo de cuestiones tan sensibles", afirmó Cardona.

El diputado popular Ricardo Costa calificó las acusaciones de privatización de "falsas, alarmistas y demagógicas". Costa dijo que las medidas recogen la posibilidad de "concebir las fundaciones públicas como persona jurídica de la Generalitat, lo que permite ampliar las posibilidades de mejora en la gestión de los servicios públicos".

Por otra parte, Blasco aseguró ayer que la diputada de EU Ángeles Llinares "ha mentido descaradamente" al vincular al PP y a familiares del presidente Eduardo Zaplana con el centro geriátrico de El Campello, que fue objeto de una sanción y denegación de autorización en 1998 y continúa abierto a falta de un resurso judicial. Llinares afirmó ayer que únicamente "se producen casualidades".