TV-3: no es eso JORDI GARCÍA SOLER
La reciente autodesignación del director general de la CCRTV, Miquel Puig, como nuevo director de TV-3 en sustitución de Lluís Oliva ha desconcertado a más de uno. Nada más lógico cuando hace apenas un año, con motivo de las pasadas elecciones autonómicas, en especial Pasqual Maragall como líder del PSC-CpC, pero también otros dirigentes políticos nos hicieron creer que entre sus principales objetivos figuraba la reforma en profundidad del sector audiovisual público catalán, y en concreto de la CCRTV.Después de aquellos comicios, se procedió en primer lugar a la elección del nuevo Consejo de Administración y luego al nombramiento de Miquel Puig como director general de la CCRTV, sin que ello comportara cambio ninguno en las direcciones de las empresas filiales de dicho organismo público, esto es TV-3 y Catalunya Ràdio. El consenso obtenido por Miquel Puig en el nuevo Consejo de Administración de la CCRTV para su nombramiento pudo sorprender a más de uno, habida cuenta tanto de su conocida militancia política como de su dilatada trayectoria en cargos públicos dependientes del Gobierno de la Generalitat. No obstante, lo cierto es que sus promesas de cambio a plazo fijo convencieron a los consejeros e incluso a la oposición parlamentaria. Pero pasaron meses y meses, y a la postre, casi un año después, todo el cambio ha quedado reducido, por el momento, a la autodesignación del propio director general como director de TV-3.
Mientras, en otra importante empresa del sector audiovisual público de Cataluña, en COM Ràdio, mediante la dimisión de su director general, Enric Sopena, quiso darse una lección ética que de poco o nada parece haber servido hasta ahora, como no sea para crear una extraña situación de interinidad. Quedan pendientes importantes interrogantes sobre el futuro de esta emisora, cuya contribución al pluralismo real del audiovisual público catalán nadie puede poner en duda. Ojalá no le ocurra lo que a Ràdio 4, que, años atrás, en pocos meses perdió casi toda su histórica audiencia y ha quedado reducida a una situación poco menos que residual.
Poco o nada se ha avanzado durante estos últimos 12 meses en la imprescindible reforma del sector audiovisual público catalán. Está claro que incluso el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) ha quedado como aletargado, tras haber despertado también grandes esperanzas de cambio. Y no se trata tan sólo del hecho de que su presidente actual, Francesc Codina, sea otro destacado militante convergente -lo fue asimismo su antecesor, Lluís de Carreras, pero su independencia efectiva parece que acabó costándole el cargo-, sino de su muy escasa actividad, al menos en apariencia. Mucho más allá de todo esto, no se advierte ninguna intención de modificar realmente el sistema de funcionamiento del servicio público nacional de radiodifusión y televisión de Cataluña.
El problema real no reside en la auténtica o supuesta independencia política de quienes ocupan los cargos de dirección de estos medios de comunicación. La militancia política no es ni debe ser en sí misma un mérito para ejercer dichos cargos, pero tampoco es ni debe ser un demérito, ni mucho menos aún un impedimento para ello. ¿Qué mérito tiene la independencia política, cuando está claro que nadie espolíticamente indiferente, sobre todo cuando se ejerce una función pública? ¿Qué y quiénes son los independientes políticos, si es que realmente existen?
Mucho más allá de los minutajes de los espacios informativos dedicados a cada formación política, lo que debe cuestionarse es el sistema de funcionamiento global del servicio público radiotelevisivo. Ello afecta en primer lugar a su misma concepción, a sus contenidos programáticos globales, claramente diferenciados de los propios de las emisoras privadas, sometidas por completo al mercado, a su sistema de financiación riguroso y transparente, a sus órganos de dirección y control, al reconocimiento inequívoco de la plena autonomía de sus profesionales, al respeto y la defensa de la pluralidad...
¿Se ha avanzado este último año en este sentido? Poco, muy poco, por no decir nada. Tal vez algunos nos dejamos llevar por esperanzas vanas ante las encendidas promesas electorales de unos y otros -más de los unos que de los otros, es cierto: mucho más encendidas las del entonces candidato Pasqual Maragall que las de cualquier otro candidato, y sin lugar a dudas muchísimo más encendidas que las de Jordi Pujol, que de nuevo se hizo con el triunfo-. Pero lo cierto es que, cerca de un año después de las pasadas elecciones autonómicas, la renovación del sector público audiovisual catalán sigue siendo una asignatura pendiente. Sigue siendo ésta una asignatura sin cuyo aprobado efectivo nuestro propio sistema político continuará quedando debilitado. La principal responsabilidad de ello recae, sin duda alguna, en la coalición que nos gobierna, CiU. Pero la oposición parlamentaria, y en destacado lugar el PSC-CpC y en concreto Pasqual Maragall, tiene también gran responsabilidad en esta situación, al menos por omisión.
Jordi García Soler es periodista.
