San Sebastián podrá multar las infracciones por ruido hasta con cinco millones

El pleno del Ayuntamiento de San Sebastián aprobó ayer por unanimidad -EH abandonó antes la sesión- la nueva ordenanza reguladora de la contaminación acústica, que entrará en vigor a comienzos del año que viene y estipula un régimen sancionador muy severo. Las infracciones muy graves podrán castigarse con un máximo de cinco millones de pesetas (30.050 euros), cuando hasta ahora la multa más elevada era de 15.000 pesetas.

La nueva normativa contra el ruido tipifica todas las actividades prohibidas, como circular en un vehículo sin silenciador, emplear la bocina en el casco urbano, realizar trabajos domésticos que molesten a los vecinos o no cumplir los requisitos de insonorización en locales de hostelería. La ordenanza municipal, aprobada ayer con los votos de PSE-EE, PP y EA-PNV, introduce severas restricciones respecto a la anterior y posee "los resortes necesarios para una rápida y efectiva intervención frente a las actividades ruidosas", afirmó ayer la popular María José Usandizaga, concejal de Disciplina Urbanística.En áreas residenciales el índice máximo de decibelios permitido se rebaja de 30 a 27 de noche; la insonorización de los bares deberá contrarrestar un nivel de ruido de 95 decibelios, en lugar de los 75 actuales. Las infracciones serán muy graves cuando sobrepasen en 12 decibelios el límite admitido y se castigarán con hasta cinco millones de pesetas. Las faltas graves (pasar entre seis y 12 decibelios) se multarán con un máximo de 250.000 pesetas y las leves (hasta seis decibelios), con un tope de 50.000 pesetas.

La ordenanza prohíbe "cantar, gritar o vociferar en horas de descanso nocturno", realizar "trabajos en el interior de la vivienda los sábados y festivos" o tener animales domésticos en patios, terrazas o balcones.

El pleno municipal también aprobó un convenio urbanístico suscrito con los propietarios de unos terrenos situados en el barrio de Ibaeta, junto al campus de la UPV. El acuerdo permitirá construir 256 viviendas, 67 de ellas de protección oficial, y posibilitará a la UPV aumentar la capacidad de edificación, además de introducir cambios en los accesos por carretera.

Los socios del equipo de gobierno municipal, PSE y PP, retrataron sus diferencias en materia urbanística cuando trataron una moción presentada por el grupo socialista, siguiendo una recomendación de Eudel, contra el real-decreto del Gobierno que establece medidas liberalizadoras en materia de suelo. "La legislación urbanística del Estado supone una injerencia en competencias que le corresponden a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y va en contra del abaratamiento del suelo", afirmó al alcalde donostiarra, el socialista Odón Elorza.