Un mal plan hidrológico para España

El Plan Hidrológico Nacional presentado por el ministro de Medio Ambiente al Consejo Nacional del Agua contiene la previsión de un trasvase de 1.000 hectómetros cúbicos de la cuenca del Ebro a las del Segura, Júcar y cuencas internas de Cataluña. Un único dador y un único destinatario: el arco mediterráneo. Eso es todo. Ahí acaba la política hídrica nacional de la que debe ser muestra el Plan Hidrológico Nacional.Cuando, como presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, me opongo radicalmente a este plan lo hago desde el ángulo específico de los intereses de Aragón, obviamente, pero sobre todo porque estoy convencido de que éste es un mal plan hidrológico para España y que son sobre todo argumentos de índole nacional los que acabarán por hacer que este plan se retire por el mismo ministerio que lo ha formulado.

Al plan comienza por faltarle credibilidad, porque es incoherente con la política hídrica que hasta ahora ha formulado el Gobierno del Partido Popular. Este Gobierno, desde que era oposición, hizo de la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca bandera de oposición al Plan Hidrológico Nacional formulado en 1992 por el ministro Borrell. Con pronunciamientos favorables del Congreso y del Senado, consiguió que triunfara su tesis de aprobación previa de los planes de cuenca que fueron efectivamente aprobados en el verano de 1998. Sin embargo, y sin que se tenga la más mínima valoración o experiencia acerca de la aplicación tan reciente de estos planes de cuenca, se formula un proyecto de Plan Hidrológico Nacional, con lo cual, y a menos que se piense que la aprobación previa era un mero requisito de precedencia cronológica, se produce una tremenda incoherencia con lo hasta ahora afirmado. Aplíquense los planes de cuenca; impleméntense sus medidas de ahorro del recurso, de reutilización; si no son válidos, revísense; mejórense las técnicas de gestión de la demanda, pero hay que ser coherente con lo hasta ahora defendido con tanta vehemencia.

Y la incoherencia se prolonga si se tiene en cuenta lo escrito en el Libro Blanco del agua (diciembre de 1998). Entonces se dijo que había dos clases de cuencas desde el punto de vista del déficit: unas con déficit estructural y otras con déficit coyuntural. Estas últimas eran las que podían equilibrar sus balances hídricos con la aplicación de todas las medidas previstas (ahorro, obras hidráulicas, reutilización, etcétera), mientras que las que tenían déficit estructural sólo podían lograr el equilibrio mediante aportes externos.

La única con déficit estructural era la cuenca del Segura -¿sería por el origen murciano del responsable del libro?-, luego era legítimo prever que, en su momento, sólo la cuenca del Segura sería recipiendaria de aportes externos de agua. Ahora, sin embargo, se pretende que el agua llegue al Segura pero a modo de peaje, se van dejando unas cantidades para el Júcar y otras para las cuencas internas de Cataluña, que según el Libro Blanco podían solucionar sus problemas con sus propios recursos. ¿Qué pensar del rigor del planificador ministerial?

Y, finalmente, la reforma de la Ley de Aguas de diciembre de 1999 planteó como cuestión estrella la introducción del mercado del agua mediante la cual -nos decían sus propulsores- se produciría una gestión más eficaz del recurso que se dirigiría a usos más rentables económicamente, abandonándose los poco productivos, con lo que la conclusión final sería la de ahorro del recurso y falta de necesidad de realización de obras hidráulicas, siempre tan impactantes. Pues bien, sin que se haya celebrado un solo contrato de cesión de derechos de uso de agua debido, en parte, a la misma pasividad ministerial que no ha aprobado las normas reglamentarias precisas para ello, se formula una política pura y dura de trasvase, de obras hidráulicas.

Ni aplicación previa de planes de cuenca, ni coherencia con el Libro Blanco del agua ni aplicación del mercado del agua. Las soluciones de siempre, imaginadas por los de siempre. Los mismos herederos ideológicos de los que en 1973 previeron un trasvase ¡de 1.400 hectómetros cúbicos! del Ebro hacia la cuenca del Pirineo oriental amenazando con catástrofes múltiples si no se realizaba y a corto plazo. Aragón se opuso unánimemente, nada se hizo, y el resultado ha sido que el desarrollo de Barcelona y de su área para sí lo quisiéramos los habitantes de los inmensos desiertos interiores que una política territorial errática ha creado.

Y para ese resultado, un Plan Hidrológico Nacional consistente en el trasvase de una cuenca: ¿para eso tantos años de estudio?, ¿tantos contratos a consultorías de prestigio? ¿Toda una legislatura de Gobierno del Partido Popular y el principio de otra para decir que con un trasvase del Ebro se acaba la degradación de los acuíferos de La Mancha occidental, la presión insoportable sobre el Guadalquivir por la puesta en regadío de cientos de miles de hectáreas de olivo, el proceso de regresión del delta del Ebro, las concesiones abusivas de tantos lugares, las pérdidas insostenibles en los sistemas de abastecimiento urbano, la intrusión marina en los acuíferos costeros, los vertidos ponzoñosos en los espacios naturales protegidos, la falta de reutilización efectiva de las aguas residuales, la ausencia de una política mínimamente consistente de puesta en servicio de desaladoras, la falta de soluciones para nuestros regadíos siempre en estado de espera...? ¿Todo eso se arregla con un trasvase del Ebro?

La falta de análisis de los problemas efectivos y de las técnicas que pudieran ayudar a solventarlas es clamorosa. Ni una palabra se dedica a la desalación en el Plan Hidrológico Nacional, y a mí me hubiera gustado leer unas líneas en las que se respondiera a preguntas como éstas: 1. Coste de la desalación cuando se combina con técnicas de cogeneración. 2. Aplicabilidad de ese coste a los abastecimientos urbanos y al regadío de vanguardia. 3. Problemática de los impactos ambientales de las desaladoras.

La pretensión de comprar la aquiescencia de Aragón con el caramelo de unas cuantas obras hidráulicas es simplemente insultante. Las obras del Pacto del Agua se deben a Aragón porque se incorporaron al Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro en febrero de 1996, todavía con Gobierno socialista y, por cierto, con la abstención del Partido Popular. Posteriormente, el Gobierno popular no tuvo más remedio que aprobar este plan sin cambiar una coma y las obras están declaradas de interés general. Ejecútense y punto.

Pero es que, además, Aragón ha entregado ya suficientes contrapartidas por ese pacto. Las contrapartidas son el olvido durante tanto tiempo. Las promesas no cumplidas. La situación de las comunicaciones, en gran medida impropia de un país desarrollado. Las emigraciones obligadas de nuestros jóvenes, que son nuestro futuro, que parece perderse irremisiblemente. Los desiertos interiores en nuestros valles y montañas. Ésa es la contrapartida del Pacto del Agua que ya hemos pagado.

No es Aragón, desde presupuestos egoístas y de guardia de un botijo imaginario, quien se opone a este remedo de Plan Hidrológico Nacional. Aragón se ha adelantado a formular en voz alta lo que dentro de poco y desde muchos puntos de España constituirá un auténtico clamor: que éste es un mal plan hidrológico para España porque no trata sus verdaderos problemas con el método y la técnica que es exigible para un documento que se formula para el siglo XXI.

Marcelino Iglesias Ricou es presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón.