EL TSJ insta a la Generalitat a investigar una filtración a la prensa de las cuentas de Climent

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia obliga a la Generalitat valenciana a investigar que funcionario filtró en 1997 al periódico Las Provincias el estado de cuentas de la Fundació Ausiàs March en la que el editor Eliseu Climent ejercía de patrono. La sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo estudiará también si la Generalitat valenciana incurrió en responsabilidad patrimonial. De ser así, el juez podría obligar a la administración valenciana a indemnizar a la Fundació Ausiàs March con 25 millones de pesetas.

Al parecer alguien adscrito al personal del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat valenciana filtró al periódico Las Provincias el expediente 241/96, o lo que es lo mismo el documento estrictamente confidencial que refleja los movimientos bancarios y las aportaciones económicas de particulares y entidades a la Fundació Ausiàs March. La aparición en las Las Provincias el dia 1 de marzo de 1997 de estos datos motivó que la fundación solicitara de la Dirección General de Justicia la identificación del titular de la unidad administrativa responsable de la tramitación del expediente revelado con el fin de exigir responsabilidades. No obstante, el 16 de julio de ese año el director general de Interior resolvió, según consta en la sentencia "que no existía responsabilidad alguna imputable a tal Protectorado, como órgano administrativo, ni a su personal, pues el suministro de información y la publicación en el periódico Las Provincias no había sido promovido ni realizado desde tal unidad administrativa". La fundación, no obstante, insistió en conocer la verdad y interpuso un recurso con el fin de conocer la identidad del funcionario y reclamar una indemnización de 25 millones de pesetas. Un recurso que acabó siendo desestimado por el entonces Consejero de Presidencia, José Joaquín Ripoll. Tres años después el juez da la razón a la Fundació Ausiàs March y obliga a la administración a iniciar un expediente para averiguar quién filtró los datos económicos de la misma al periódico Las Provincias. Éste es un paso previo y necesario antes de determinar si la Fundació Ausiàs March tiene derecho o no a cobrar los 25 millones de pesetas que ha pedido como indemnización al entender que hubo vulneración de su derecho a la intimidad.

Mercé Teodoro, letrada de la Fundación Ausiás March ha manifestado en nombre de la entidad que representa su satisfacción por la decisión del juez. "Al menos la sentencia nos reconoce el dercho a investigar si hubo filtración o no a la prensa por parte de la Adminsitración valenciana de unos datos que buscaban perjudicarnos y que acabaron apareciendo en Las Provincias de forma sesgada y politizada", señaló.