Alemania quiere reducir el papel del Estado en el sistema de pensiones

El ministro de Trabajo de Alemania, el socialdemócrata Walter Riester, presentó ayer en público el proyecto de ley de pensiones, que introduce importantes cambios cualitativos en el sistema de prestaciones de jubilación de la primera potencia económica europea. El Estado alemán quiere reducir su responsabilidad en el mantenimiento del nivel de las pensiones de jubilación (hoy un 70% del sueldo neto) y promover un sistema compensatorio privado de amplio espectro.

Productos privados

Al sistema privado podrán contribuir los trabajadores que deseen asegurarse en el futuro el nivel de prestaciones que el sistema público alemán ha garantizado a anteriores generaciones. Junto con el plan de austeridad y saneamiento del presupuesto federal y la reforma fiscal, la reforma del sistema de pensiones es el tercer gran pilar de la reforma estructural del sistema de "economía social de mercado" y del "capitalismo renano", que ha abordado el gobierno formado por el partido socialdemócrata (SPD) en coalición con el partido Verde.

La reforma, tal como fue presentada ayer por Riester, saca consecuencias prácticas de la falta de recursos económicos en las cajas estatales y de las previsiones demográficas de una sociedad envejecida, con baja tasa de natalidad y unas previsiones de emigración de 150.000 personas al año.

Un jubilado alemán percibe actualmente un 70% de su sueldo neto del sistema público de pensiones y las contribuciones a las pensiones de jubilación -pagadas a medias por empresarios y trabajadores- son del 19,3% del sueldo bruto. Uno de los objetivos de la reforma es mantener el nivel de las contribuciones por debajo del 20% hasta 2020 y por debajo del 22% hasta 2030. Con estas contribuciones, el Estado asegura poder garantizar niveles decrecientes de las pensiones de hasta un 64% del sueldo neto. Esta cifra es puesta en cuestión por la Asociación de Aseguradores Alemanes, según la cual los métodos de cálculo de los nuevos sueldos harán que el nivel de pensiones sea en la práctica de sólo del 61%.

Las críticas a la ley de reforma del sistema de pensiones se han centrado en el llamado "factor compensatorio", que supondrá recortes en las pensiones de todos los que se jubilen a partir de 2011 y que introducirá un coeficiente reductor del 0,3% anual que irá progresando hasta el 6% para 2030. En lenguaje llano esto significa que quien se retire en 2030 tendrá una reducción del 6% de la pensión comparado con los que se retiren en 2010.

El Estado promoverá la diversificación de "productos" financieros para las pensiones privadas y en concreto diferentes formas de inversión que garanticen pagos de pensiones de por vida. Los trabajadores podrán optar por esquemas privados o por esquemas creados por sus propias empresas. El ministro manifestó ayer que los esquemas privados deberán cumplir algunos requisitos para contar con el apoyo estatal, a saber, garantizar a los contribuyentes que tendrán derecho al retorno de las sumas aportadas. Este punto se contempla con escepticismo en medios financieros alemanes, ya que entra en contradicción con las reglas por las que se rigen los mercados financieros. El Estado ayudará con 37,50 marcos mensuales (3.187 pesetas) a los contribuyentes que se decidan a financiar un plan privado de pensiones con un mínimo del 0,5% de su sueldo bruto. Esta suma se incrementará hasta los 297,31 marcos (25.271 pesetas) para 2008 para quienes hayan incrementado hasta el 4% de su sueldo bruto la contribución que aportan al plan privado de pensiones. Las ayudas estatales serán mayores para las familias con hijos.

El ministro anunció que las pensiones de jubilación volverán a regirse por los sueldos netos a partir de 2001, tras la experiencia de este año, en el cual las jubilaciones aumentaron de acuerdo con la inflación. En un principio, el retorno a la vieja fórmula suspendida durante un año estaba previsto para 2002. Sin embargo, un nuevo sistema de contabilidad hará que el incremento de las jubilaciones sea más lento a largo plazo.

El borrador, producto de una laboriosa elaboración y numerosos tira y afloja con los sindicatos, ha sido recibida con reservas por éstos y con críticas por los partidos de la oposición, la Unión Cristiano Demócrata y los liberales del FDP, así como con reticencias en los sectores de izquierdas del SPD. El Gobierno, no obstante, confía en iniciar conversaciones con la CDU esta misma semana para concertar puntos fundamentales de la ley y poder tener a punto el borrador para que sea aprobado por el gabinete en noviembre.

Tanto la CDU como el FDP han aceptado la oferta del Gobierno para debatir el plan. En caso de no llegarse al consenso que desea el gabinete, éste quiere presentar el documento en el Bundestag (Parlamento federal) en marzo, con el fin de que sus puntos principales entren en vigor a partir de 2002.