La Comisión Europea aprueba hoy la gran reforma que nacionaliza la política de la competencia

La Comisión Europea aprobará hoy una propuesta de reforma que va a revolucionar una de las políticas fundamentales de Bruselas: la de la Competencia. La nueva política en materia de investigaciones antitrust quedará bajo la responsabilidad de las autoridades nacionales de la competencia en la mayoría de los casos, reservando a Bruselas sólo aquellos más polémicos o de mayor dimensión.Y al mismo tiempo desaparece la norma que exime de multas en caso de infracción por operaciones que hayan sido previamente declaradas ante la autoridad competente.

Son dos cambios revolucionarios en la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de Ámsterdam (antiguos artículos 85 y 86 del Tratado de Maastricht), consagrados a luchar contra los acuerdos entre empresas que infringen la libre competencia.

La Competencia, una de las políticas comunitarias más importantes en un momento en que tiende a aumentar el poder económico y a reducirse el poder político, se basa en tres grandes áreas: la lucha contra las ayudas públicas ilegales, el reglamento de fusiones y el control de los acuerdos restrictivos y prácticas. La propuesta del comisario Mario Monti, que ha mantenido las grandes líneas de la reforma lanzada en la primavera de 1999 por su antecesor, el belga Karel van Miert, es una revolución en el control de los carteles y otras prácticas contra la competencia.

La nueva política de la Competencia en materia de acuerdos entre empresas viene a poner al día una legislación que seguía rigiéndose con las normas aprobadas hace cuarenta años, cuando se trasladó al seno comunitario una síntesis de los modelos que se aplicaban en Francia y Alemania. Esa síntesis se tradujo en una norma por la que las empresas no estaban obligadas a informar a las autoridades sobre sus acuerdos pero, si lo hacían antes de que se detectara una infracción, quedaban exentas de multas. Ese modelo funcionó en una comunidad de seis socios pero ha quedado obsoleto tanto por el crecimiento de la Unión como por la explosión de la economía. Ahora se declaran más de 500 operaciones al año pese a que la mayoría no infringen la ley y la Comisión arrastra un saldo de 1.000 acuerdos sobre los que no hay decisión.