El PSOE pide al Gobierno que el próximo año destine 30.000 millones más para inmigración

El PSOE estima que con 30.000 millones de pesetas más de lo que el Gobierno tiene previsto presupuestar para políticas de inmigración podría conseguirse un plan integral que atienda adecuadamente las necesidades de los inmigrantes. La buena disposición que los socialistas han encontrado en el Gobierno para un pacto de Estado les ha llevado a no presentar una enmienda a la totalidad de la Ley de Extranjería, sino 50 enmiendas parciales, en las que se propone otorgar a ayuntamientos y comunidades autónomas un papel esencial en la determinación de los cupos de inmigrantes.

Evitar tensiones sociales

La cúpula dirigente del PSOE envió ayer al Gobierno "las cuatro bases" para ese pacto de Estado sobre inmigración, que podría cristalizar en febrero de 2001.En la reunión de ayer de la Ejecutiva Federal del PSOE se debatió ampliamente sobre políticas de inmigración. Jesús Caldera, portavoz en el Congreso, y Consuelo Rumi, responsable de la secretaría de Políticas Sociales y Migratorias, explicaron a sus compañeros las bases que pueden servir para ese pacto de Estado que el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, propuso al presidente del Gobierno, José María Aznar, a finales de julio y le ratificó por carta el pasado 28 de agosto.

Según los cálculos de los socialistas, se necesitarían 30.000 millones de pesetas más de lo que el Gobierno tiene previsto para atender las políticas de inmigración, de los que casi 25.000 millones deberían ser administrados por los Ayuntamientos. Además, los socialistas pedirán también con urgencia al Ejecutivo que regularice a los casi 50.000 inmigrantes que el pasado 31 de julio, fecha tope para la regularización, presentaron la solicitud pero carecían de algún documento. "Algunos documentos fueron quemados en los sucesos de El Ejido", adujo ayer Consuelo Rumi en referencia a la quema de viviendas de inmigrantes en esa localidad almeriense después de que un marroquí, perturbado mental, acuchillara a una joven.

Las enmiendas del PSOE conceden un destacado protagonismo a los ayuntamientos y comunidades autónomas en las políticas de inmigración. "Las comunidades autónomas deben ser consultadas directamente para establecer el contingente de trabajadores", señala una de las enmiendas socialistas a la ley de Extranjería. Según el PSOE, las comunidades autónomas son las que tienen que decidir sobre "el sector y la actividad" donde van a poder trabajar los inmigrantes.

Si las comunidades deben tener la última palabra sobre contingentes, a los ayuntamientos les corresponde llevar a cabo políticas de integración que eviten tensiones sociales, a juicio de los socialistas. Éstos abogan por las políticas de "reagrupamiento familiar" como fórmula imprescindible para una verdadera integración de los inmigrantes.El PSOE quiere combatir la imagen de que "los inmigrantes cuestan mucho dinero". Consuelo Rumi contrastó los 148.000 millones que el Gobierno gastó en estas políticas en 1998 con los 325.000 que los inmigrantes aportaron a través de impuestos y cuotas a la Seguridad Social, según datos recogidos en un informe de la Universidad de Comillas.

Además de este dinero, que debería figurar en los Presupuestos para 2001, el PSOE defenderá sus "cuatro bases" para un pacto de Estado. La primera es la petición al Gobierno de un doble compromiso: la renuncia a la tramitación urgente de la Ley de Extranjería -hoy se decide si se amplía, a petición de CiU e IU, el plazo para presentación de enmiendas- y que puedan comparecer en el Congreso, antes de la discusión de la ley, diversos organismos, Organizaciones No Gubernamentales y otras instituciones que trabajan en ese área.

El segundo punto propone establecer con países norteafricanos y de Iberoamérica, entre otros, un plan de acuerdos y convenios para ordenar la inmigración en función de los sectores económicos que demandan mano de obra. En tercer lugar, el PSOE auspicia un plan de coordinación de la política de inmigración con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Por último, pretende intensificar el control de las fronteras para frenar la inmigración ilegal y luchar contras las mafias que transportan a inmigrantes sin papeles.

El PP considera muy positivo el cambio de actitud de los socialistas, al haber renunciado a una enmienda a la totalidad de la Ley de Extranjería, si bien considera prematuro cifrar, como ha hecho el PSOE, la dotación presupuestaria que permitiría un plan integral, según la diputada Ángeles Muñoz, portavoz popular en asuntos de inmigrantes.