Detenidos 11 'okupas' por encerrarse en el despacho del concejal de Sant Andreu

Miembros del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer a 11 jóvenes okupas después de que 10 de ellos se encerraran en el despacho del concejal del distrito de Sant Andreu para protestar por la orden de desalojo del edificio conocido como La Galia. Hacia las 9.15 horas, un grupo de unos 20 okupas entraron en el edificio de la sede del distrito y se dirigieron hacia el despacho del concejal, Ferran Julià, quien en ese momento se encontraba allí trabajando. Los manifestantes estuvieron encerrados cerca de una hora.

La detención de los jóvenes se llevó a cabo después de que el concejal y varios funcionarios los instaran, sin éxito, a desalojar el despacho que habían ocupado. Hacia las 10.15 horas, agentes de la Guardia Urbana desalojaron el inmueble y detuvieron a los protagonistas de la protesta, sobre los que pesa una acusación de desobediencia a la autoridad y usurpación. Durante la protesta, los okupas no permitieron que nadie entrara en el despacho de Ferran Julià, aunque no impidieron la salida del concejal. Éste no manifestó en ningún momento el deseo de abandonar el edificio.

Mientras tanto, unos 50 jóvenes se manifestaban delante del edificio de la sede del distrito, situado en la plaza de Orfila. Los jóvenes denunciaban la actitud del Ayuntamiento ante la orden judicial que les obliga a abandonar el edificio denominado La Galia, que ocupan desde hace dos años.

Cuando la Guardia Urbana consiguió desalojar el despacho del concejal de Sant Andreu y detener a sus ocupantes, los jóvenes que aguardaban fuera se enfrentaron a los agentes que controlaban la plaza de Orfila. Después de varios forcejeos, la Guardia Urbana cargó duramente contra los manifestantes y detuvo a uno de ellos por actuar "de forma violenta y aleatoria". La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) emitió ayer un comunicado en el que criticaba la "forma violenta" de la actuación policial.

El gerente de Vía Pública, Blas Alascio, negó cualquier implicación del Ayuntamaiento en el conflicto de los okupas de Sant Andreu, puesto que el desalojo ha sido ordenado por un juzgado a petición de los propietarios del inmueble ocupado. Además, criticó la actitud de los manifestantes, a quienes acusó de haber entrado en la sede del distrito con "una actitud poco pacífica".

Los okupas y el Ayuntamiento mantienen otro enfrentamiento en Sant Andreu, concretamente en El Palomar, una finca de titularidad municipal que debe ser derribada para ensanchar una vía y que los jóvenes del colectivo deben abandonar por orden judicial.