La Generalitat da marcha atrás y espera que el Gobierno no reforme la ley de universidades

Después de años exigiendo al Gobierno central la revisión a fondo de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), de 1984, la Generalitat, alarmada por las últimas escaramuzas parlamentarias, en las que el PP ha aplicado el rodillo de su mayoría absoluta sin tener en cuenta a su anterior socio parlamentario, prefiere ahora que el Ejecutivo se olvide de la reforma del marco jurídico de las universidades. "Si los ánimos son los mismos que con las matrículas de los coches, quizá sea mejor que esperemos tres o cuatro años", dijo ayer el consejero Andreu Mas-Colell.

En el marco de una jornada de trabajo de los consejos sociales de las universidades catalanas que versaba precisamente sobre el futuro de la Universidad y las reformas legislativas, el titular del Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información (DURSI), Andreu Mas-Colell, aseguró que ha dejado de reclamar la "modificación urgente" de la LRU.En su breve pero contundente intervención, con la que clausuró esta jornada organizada por la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Mas-Colell quiso tranquilizar a la audiencia asegurando que "no parece que el Gobierno vaya a emprender la reforma de la LRU hasta la segunda mitad de la legislatura o incluso más adelante". Sin embargo, casi en el mismo momento lo desmentía en Madrid el director general de Universidades, del Ministerio de Educación y Cultura, Julio Iglesias, al anunciar en el Parlamento, en contra de lo que fuentes del ministerio habían asegurado en los últimos días, que antes de un año estará listo el borrador de la nueva ley sobre universidades para someterlo al trámite parlamentario.

Mayoría "de mal humor"

Mas-Colell dijo que si el cambio legislativo "se efectúa un día en que la mayoría se levanta de mal humor", la reforma de la LRU puede ir en la dirección de debilitar el papel de los consejos sociales de las universidades. El consejero explicó que los consejos sociales tienen prerrogativas que todavía no han utilizado, y apuntó concretamente a la facultad de "afectar a la estructura económica del profesorado" basándose en el artículo 42.6 de la LRU.

En algunos campos del conocimiento, aseguró Mas-Colell, los expertos del mundo universitario se van al sector privado, razón por la que hay que desarrollar estrategias "para mantener el nivel de docencia" mediante compensaciones que puede decidir el consejo social de la universidad.

Enric Argullol, rector de la UPF, se pronunció en un sentido similar, aunque en términos más académicos. Dijo que es "poco partidario de las grandes reformas" y aseguró que siempre es preferible mejorar poco a poco las leyes a cambiarlas radicalmente. En su opinión, el actual modelo universitario español es "un sistema barroco con graves disfunciones", pero susceptible de mejora a base de "pequeñas modificaciones", huyendo siempre de un planteamiento uniformizador. En su origen, la LRU, dijo el rector de la UPF, ya apuntaba un poco en este sentido, pero su puesta en práctica la convirtió en uniformizadora.

La jornada comenzó con una breve intervención de Miquel Roca Junyent en calidad de presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Roca abogó por elaborar "un plan de choque" para impulsar la Universidad, especialmente en lo que respecta a investigación y desarrollo (I+D). El debate sobre el futuro de la Universidad, añadió, "es un debate político y no social", y la autonomía universitaria "como tal no existe", sino que es "simplemente nominal".

El director de universidades de la Generalitat, Antoni Giró, se refirió al principal problema que se deriva del traspaso de las universidades a las comunidades autónomas mientras la capacidad legisladora se mantiene en el Gobierno central, y no sólo en la regulación de los estudios universitarios. A juicio de Giró, hasta ahora los traspasos han sido "seudotransferencias", ya que mientras que las competencias de financiación y de control están en manos de las autonomías, "el Estado se ha reservado la elaboración de las normativas". Así, el Ejecutivo central legisla, por ejemplo, "aumentos retributivos cuando quien tiene que pagar es otro". Giró también destacó la necesidad de que el Estado traspase las competencias sobre recursos para la investigación.