Los socialistas presentan una enmienda a la totalidad y 50 parciales al proyecto de Ley de Residuos

El grupo parlamentario Socialista-Progresistas ha presentado una enmienda a la totalidad y medio centenar de enmiendas parciales al proyecto de Ley de Residuos presentado por el Consell, por considerar que la norma "no se plantea el objetivo de la reducción de residuos; abre sin control a la iniciativa privada la gestión y no recoge plazos ni compromisos de inversión". El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista, Joan Francesc Peris, considera que "esta ley no va a resolver el grave problema de los residuos, ni está acompasada con las directivas europeas". Así, señaló que "una ley de residuos, en los albores del siglo XXI, debería marcarse como objetivo claro y definido la reducción en la producción de residuos" y la planificación de la misma. Y esto es "más preocupante", añadió, "porque según los datos de la Generalitat, un millón de toneladas al año de residuos urbanos acaban en vertederos incontrolados".Según Peris, "el objetivo de la ley es ampliar las posibilidades para que las empresas del sector lleven a cabo la gestión de residuos" y "evitarse la inversión de dinero público". El objetivo de la ley, insistió el diputado, "es la entrada sin control de la iniciativa privada". Finalmente, Peris señaló que la ley está "vacía de compromisos de financiación y de plazos concretos".

La crítica del Grupo Socialista recibió pronta contestación por parte del portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Maluenda, quien aseguró que Peris, "sufre esquizofrenia política aguda ya que no es capaz de ver virtud alguna en ningún proyecto del PP, sino que se opone por sistema". Según Maluenda, el proyecto de ley del Consell, prevé "un sistema equilibrado de planificación y gestión".

Por otra parte, el consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda, defendió en la comisión de Gobernación de las Cortes la disolución del Consell Metropolità de l'Horta, entre otras cosas porque su situación "no era buena", debido a su "excesiva estructura administrativa y a la falta de poder ejecutivo real", lo que impidió cobrar deudas y generó una "grave" falta de liquidez. González Cepeda desveló que en estos momentos las deudas de los ayuntamientos con el extinto CMH superan los 1.500 millones de pesetas, lo que contribuye a una situación financiera "verdaderamente grave" del organismo.