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El error soberanista

En 1978, en el proceso de elaboración de la Constitución, el señor Arzalluz, portavoz del PNV, afirmaba: "No buscamos ni en la palabra 'nacionalidades', repito, ni en la autonomía un trampolín para la secesión". Y al debatir una enmienda del señor Letamendia sobre la inclusión en la Constitución del derecho de autodeterminación, el también portavoz del PNV, Marcos Vizcaya, aseguraba: "Si el PNV hubiera querido constitucionalizar el derecho de autodeterminación hubiese presentado una enmienda en tal sentido. Pero las vías del PNV para conseguir las mayores cotas de libertad para nuestro pueblo van por otro camino".Ahora, el PNV hace suyo ese eufemismo llamado "ámbito vasco de decisión", que no es sino el derecho de autodeterminación, y lo convierte en la piedra clave de su estrategia política, llegando incluso a equipararlo al derecho a la vida cuando exige su previo respeto a quienes se hayan de sentar a la mesa para dialogar. Evidentemente, el PNV tiene todo el derecho del mundo para cambiar de vía, y cometen una injusticia quienes le acusan por ello de abandono de su condición democrática, como si sólo fuera posible en democracia la defensa de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. El fondo de la cuestión no es tanto la discusión sobre el derecho del PNV a variar su estrategia política como el análisis sobre si tal cambio sirve para conseguir mayores cotas de libertad en Euskadi, o, por el contrario, y como pienso, constituye un gravísimo error que es urgente rectificar.

Es un error en términos de elemental doctrina democrática establecer cualquier clase de equiparación entre los derechos fundamentales de la persona, en especial el derecho a la vida, y el derecho de autodeterminación. En medio de la orgía retórica que se produjo en 1990 en el Parlamento vasco al debatir sobre el derecho de autodeterminación, un parlamentario de EA llegó a decir que "el derecho de libre determinación es un derecho individual". Nadie le contestó que si ello fuera así, ese derecho no podría ser objeto de votación ni de decisión colectiva, ya que, al igual que no cabe votar y decidir por mayoría sobre si yo puedo ejercitar o no mi derecho a la vida o mi libertad de expresión, nadie podría decidir por mí si he de seguir viviendo en el marco del Estatuto o si he de ser ciudadano de un Estado vasco o alavés independiente. Es equivocado y absurdo pretender cualquier clase de consideración de ese derecho como un derecho asimilable o parangonable a los derechos fundamentales de la persona.

Es también un error pretender el reconocimiento de ese derecho con carácter previo a la propia negociación política. Nos guste o no, es forzoso reconocer que hasta ahora, en el Derecho internacional, la autodeterminación se ha reconocido sólo para los territorios no autónomos o coloniales separados geográficamente de la metrópoli, sometidos a ésta y claramente diferenciados, a fin de que sus habitantes puedan decidir entre la independencia, la asociación con otro Estado ya independiente o la plena integración con él. Y hemos de reconocer asimismo que este derecho ha de ponerse en relación con el que garantiza a los Estados ya constituidos el mantenimiento de su integridad territorial. Hemos de aceptar el hecho de que actualmente en ningún Estado democrático su Constitución reconoce el derecho de un parte de su territorio a separarse. Cierto es, no obstante, que nada impediría llegar, tras un proceso político de diálogo libre y sin amenazas, sobre el sujeto, el contenido, los efectos y demás elementos del derecho, a una fórmula razonable de reconocimiento del mismo, con las consiguientes reformas en los textos constitucionales. Pero, salvo que nos hayamos vuelto locos, es una barbaridad, que atenta a los propios fundamentos del diálogo, exigir al Estado y a los ciudadanos no nacionalistas que de antemano efectúen ese reconocimiento, antes siquiera de hablar sobre su contenido y efectos y sobre el cómo y el cuándo del ejercicio del derecho.

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Ahora bien, el error que está cometiendo el nacionalismo vasco democrático no afecta sólo a la forma y al procedimiento, sino a la propia raíz y sustancia de la decisión. No es aceptable elegir, entre las distintas opciones y estrategias en principio legítimas, precisamente aquella que, requiriendo necesariamente para ejercitarse y para su validez una ausencia de violencia, es hoy, en función de la realidad social existente, inalcanzable por vías pacíficas, así como contraproducente para el fin último que se dice perseguir, mientras no se logre ir transformando esa realidad. Y la equivocación se reviste de tintes de temeridad cuando esa opción, que por definición pertenece al ámbito de lo opinable y contingente, se presenta como un derecho indiscutible, sin cuya aceptación previa nada se puede discutir y convenir en el seno de una sociedad desgraciadamente dañada por la violencia fanática. Porque no hay método más seguro para alimentar esa violencia y para llevar a esa sociedad a una situación de tensión insoportable que la comisión de tal imprudencia. Los nacionalistas deberíamos saber mejor que nadie las razones históricas y jurídicas por las que en materia de autodeterminación no existe un único "ámbito vasco de decisión", sino el ámbito alavés, el navarro, el vizcaíno, el guipuzcoano. Y cualquier nacionalista en su sano juicio sabe que en un referéndum libre y limpio, celebrado sin ningún asomo de coacción o violencia en el entorno, una propuesta o solución independentista no prosperaría por lo menos en Álava y Navarra. ¿Qué sentido lógico tiene entonces abandonar la vía del Estatuto para aventurarse por otra que podría acabar reduciendo el ámbito político vasco a uno o dos territorios? ¿Qué sentido puede tener para un nacionalista vasco, al que se le supone el mayor interés en ir construyendo democráticamente un proyecto político nacional común a todos los territorios vascos, una estrategia que hoy por hoy lleva a la ruptura y a la disgregación territorial y a la fractura social?

Quienes en 1998 diseñaron una estrategia de acumulación de fuerzas sólo entre nacionalistas, rompiendo la movilización unitaria frente al terrorismo, y que, como hemos sabido luego, pactaron con ETA una vía hacia la independencia, con la única reserva o diferencia en lo que se refiere al ritmo y a la forma de ejecución, quizás creyeron que este acuerdo era el precio a pagar por la paz. Pero se equivocaron tanto en el plano ético como en el puramente político, al aceptar un pago de un precio que es imposible satisfacer, salvo que eliminemos o expulsemos o sometamos por la fuerza al menos a la mitad de los ciudadanos vascos, que en Álava y Navarra serían la gran mayoría. ETA y la izquierda que usurpa el término de abertzale repiten una y otra vez que la tregua se ha roto fundamentalmente porque el PNV y EA no se han comprometido suficientemente en lo que para ellos siempre fue y sigue siendo un proceso para y hasta la independencia. Y es así, por mucho que duela reconocerlo. Calcularon esos estrategas que se podía contentar a ETA con una simple declaración de soberanía, de reconocimiento del "ámbito vasco de decisión", y se embarcaron en la firma del pacto de Estella, en la creación de Udalbiltza, en los pactos del Gobierno con EH, alejando cada vez más al nacionalismo democrático del resto de los partidos. Pero todo ese cálculo estaba basado sobre un monumental error respecto de la verdadera naturaleza y los reales objetivos de ETA: en efecto, cuando en julio de 1999 ETA exigió el pago al contado de la totalidad del precio -la convocatoria de elecciones en todos los territorios vascos de Francia y España para elegir un "Parlamento nacional"-, esos estrategas pudieron comprobar, por si aún no lo sabían, que es una locura lo que ETA pretende. Después de haber realizado importantes pagos a cuenta y de haber asumido pesadas cargas e hipotecas se desvanecía la ilusión de la paz, dejando un balance desastroso: sospechas infundadas sobre la legitimidad de las instituciones democráticas, devaluación del Estatuto, debilidad e inanidad del Parlamento y del Gobierno vascos, frentismo político, recuperación de ETA, extensión del miedo, el crimen y la extorsión, crispación social y fractura cada día más profunda de la sociedad vasca.

Cada muerto, cada herido, cada amenazado, cada extorsionado, cada ciudadano con miedo están advirtiendo al nacionalismo vasco democrático de que, si no rectifica y reconstruye vías posibles de diálogo y de trabajo unitario con todos los demócratas para curar a nuestra sociedad del cáncer moral que padece, su fracaso será inevitable y definitivo. Son los nacionalistas los más interesados en seguir construyendo su ideal desde un Estatuto de Autonomía que, por ser hoy para la gran mayoría de los ciudadanos vascos el único punto posible de encuentro, es la base sobre la que se pueden ir asentando espacios de colaboración y de integración, así como la herramienta más adecuada para construirlos y permitir las transformaciones y reformas que los ciudadanos vascos demanden y expresen democráticamente en el futuro. Pero el nacionalismo democrático vasco debe entender, de una vez por todas, que jamás tendrá autoridad moral y capacidad política para exigir y conseguir que la sociedad vasca sea la única dueña de su futuro mientras no demuestre antes que ha sabido erradicar toda violencia de nuestra tierra y que ha creado las condiciones indispensables para que se pueda de verdad hablar de voluntad popular libre y responsablemente expresada, y reivindicar que se respete.

Emilio Guevara Saleta, abogado, es militante del PNV y ex diputado general de Álava.

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