Censura
La pendiente por la que se precipitaba la crisis vasca este verano acaba de experimentar un cambio de trayectoria que podría contribuir a redefinirla sobre bases nuevas. Me refiero ante todo a la actuación del poder judicial contra Ekin (comisariado político de ETA) y a las importantes detenciones de significados miembros de la banda terrorista realizadas por la policía francesa, pues cabe pensar que la capacidad operativa del MLNV resultará seriamente tocada. De ahí la precipitada respuesta de atentar contra Recalde, tratando de recuperar la moral de combate de su cada vez más desorientada base social.Pero al hablar de cambio de trayectoria me refiero también a la decisión tomada por el PP vasco de presentar una moción de censura contra el lehendakari Ibarretxe, que se resiste a asumir sus responsabilidades disolviendo la legislatura vasca o sometiéndose a una moción de confianza. A pesar de las serias dudas que cabe abrigar sobre la persona del candidato elegido para protagonizar el debate de censura, pues amenaza con recordar la triste memoria de Hernández Mancha, lo cierto es que la presentación de la moción es digna de aplauso en sí misma. Es lástima que nuestros ingenieros constitucionales pecasen de miopía al diseñar un procedimiento de censura tan presidencialista que resulta casi inviable. Por eso debería ser éste uno de los primeros preceptos a reformar, el día que se pacte una futura revisión constitucional o estatutaria. Pero como no queda más remedio que apechar con lo que hay, habrá que agarrarse a esta posibilidad.
Muchos pensarán que no es este momento oportuno para provocar al PNV, pues convendría atraérselo para invitarle a reintegrarse en la unidad de los demócratas contra los terroristas. Y puede que sea cierto, pero lo cortés no quita lo valiente. En este sentido, la nueva ejecutiva del PSOE ha propuesto una distinción muy hábil entre dos planos diferentes de la crisis vasca: el de la pacificación, donde convendría abrir diálogo con el PNV a fin de restaurar el consenso antiterrorista, y el de la gobernación, donde socialistas y populares pueden coincidir haciendo causa común contra el lehendakari. Pues bien, la moción de censura podría servir para vincular ambos planos con inteligencia, si se plantea como una democrática exigencia de responsabilidades al Gobierno vasco por no haber sabido liderar la lucha contra los terroristas, una vez que éstos rompieron la tregua.
Existen sólidos argumentos a favor de la censura. Y no me refiero a la pérdida de la mayoría parlamentaría, la impunidad de la coacción nazi ni al cálculo electoralista, sino a la accountability: asunción por los gobernantes de su responsabilidad retrospectiva. Eso es lo que tiene que hacer Ibarretxe el próximo día 22, cuando abra en el Parlamento vasco el debate de política general: asumir su responsabilidad por el incumplimiento del programa de gobierno con el que fue elegido. Hace dos años, Ibarretxe obtuvo su investidura sobre la base del programa de pacificación fundado en el Pacto de Lizarra que el PNV había presentado a las urnas autonómicas. Pues bien, semejante programa no sólo fracasó, sino que produjo las consecuencias más opuestas. Por tanto, el lehendakari está obligado a asumir su responsabilidad.
Y si no lo hace así, la ciudadanía debe pedirle cuentas por ello. Primero sus representantes con el voto de censura y después los electores en las urnas. Pues lo que no debe hacer Ibarretxe es lo que tanto afeó su partido al presidente González con el caso GAL, cuando se resistió a asumir sus responsabilidades rindiendo cuentas ante la ciudadanía. Eso puede hacerlo Arzalluz, como declaró en Sabin Etxea el pasado día 13, ante el fracaso de Lizarra: "Nadie tiene que asumir responsabilidades". Y si lo hace Arzalluz es porque, al no presentarse a las urnas, se considera irresponsable. Pero Ibarretxe es un gobernante electo que debe asumir sus responsabilidades. Por eso debe solicitar la confianza de la Cámara. Y si no lo hace, debe dimitir y convocar elecciones, para que sea el pueblo vasco quien ejerza la accountability.
