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Castilla y León recurrirá la devolución a su madre del niño preadoptado

3.000 firmas apoyan a la pareja que lo acogía

La Junta de Castilla y León estudia la posibilidad de que los servicios jurídicos del Ejecutivo recurran, a través de una vía de carácter extraordinario, el auto por el que la Audiencia de Salamanca obliga a un matrimonio soriano a devolver el niño que tenía en acogida para que ingrese en un centro de menores. Cerca de 3.000 personas han firmado ya un escrito de apoyo a la pareja de El Royo (Soria) que lo custodiaba en régimen de preadopción.

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La Audiencia salmantina exige al Gobierno castellano-leonés que retire a Carlos de Francisco y Raquel Gómez el niño de 20 meses de edad que les fue entregado en régimen de acogimiento familiar con fines preadoptivos. El pequeño, nacido el 4 de enero de 1999, fue retirado por la Junta a sus padres biológicos debido a las enfermedades de carácter psiquiátrico y psicológico que padecen.Según explicó ayer el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo regional, José Manuel Fernández Santiago, "la Junta está en defensa del niño", por lo que no descarta recurrir el auto. "La vía ordinaria está agotada, y la actuación judicial ha sido impecable", explicó.

Según el portavoz de la Junta, el 11 de enero de 1999 se dictó un auto de acogimiento por parte de la Gerencia de Asuntos Sociales para la tutela del pequeño. El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Salamanca lo anuló, por lo que el Gobierno volvió a recurrir. Finalmente, el pasado día 11, la Audiencia de Salamanca dejó sin efecto el acogimiento determinado por la Gerencia de Asuntos Sociales. "En esta ocasión el auto incorpora una modificación en la que se determina que el menor no vuelva con los padres biológicos, sino que se produzca un internamiento en un centro de la Gerencia de Asuntos Sociales", señaló el portavoz."Sólo me lo quitarán de los brazos cuando venga la Guardia Civil a por él", dijo ayer Raquel Gómez, la mujer que tiene al niño en régimen de acogida, informa Francisco Peregil desde Soria. "No lo siento por mí ni por mi marido. Somos adultos, podremos superarlo y estamos los primeros en la lista de espera. Si nos lo quitan, probablemente podremos adoptar otro. ¿Pero qué pasará con el niño? ¿Cuando este niño llore por la noche en el hospicio, quién lo va a coger? Es absurdo que porque un psiquiatra decida que puede venirle bien a la madre verlo dos veces en semana el niño tenga que servir de conejillo de indias", añadió.

"Yo respeto y aprecio mucho a la madre. Es, al fin y al cabo, la que ha parido a mi hijo. Y, si me pongo en su lugar, la comprendo perfectamente. Porque una persona enferma no piensa que está enferma, lo único que piensa es que le han quitado al hijo. Pero hay que tener en cuenta que cuando la Junta nos lo ofreció es que este niño había padecido unas situaciones extremas. A nosotros, después de cinco años y medio de espera, nos llamaron a casa y nos dijeron que teníamos un niño, pero que tenía problemas. Nos planteamos que podría ser retrasado mental, o que habría contraído el virus del sida, o que padecería cualquier otra minusvalía. Y cuando nos dijeron que los padres sufrían trastornos psiquiátricos y que el niño podría desarrollar esa enfermedad nos miramos los dos y nos dijimos: 'Y qué", reflexiona Raquel Gómez con pasión.

El niño se encontraba en régimen de acogimiento y sólo necesitaba la ratificación del juez para la adopción definitiva por Raquel Gómez y su marido, Carlos de Francisco. Pero el juez determinó, tras estudiar el informe psiquiátrico del doctor Olaf Martín Holm, que el niño no debía permanecer ni con la madre adoptiva ni con la biológica. Se da la paradoja de que el psiquiatra pertenece a los servicios de salud de la Junta de Castilla y León, organismo que va a recurrir la decisión judicial.

Por otra parte, vecinos de Margarita Bernal, la madre biológica del niño, dijeron ayer que ella se mostraba muy contenta porque creía que le iban a traer al niño a su casa el lunes próximo. "Alguien le tendría que explicar a esa mujer", señala la madre adoptiva, "que no le permitirán tenerlo en casa, sino en un hospicio".

El consejero de Bienestar Social, Carlos Fernández Carriedo, mantuvo ayer una comunicación telefónica con el matrimonio soriano que acogía al menor para comunicarle que la Junta hará todo lo posible para evitarles la separación.

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