Fomento avala la ampliación de suelo prevista para el Medpark y urge a modificar el PGOU

El periodo de exposición pública del Plan Especial para la Ampliación de la Universidad de Alicante para implantar el Medpark, autorizada por el propio Consell en el DOGV el 30 de marzo pasado, generó un importante volumen de alegaciones de 11 administraciones públicas y empresas (Renfe, Iberdrola, Cegas), que reflejan una disposición favorable a tramitar el Medpark en los terrenos solicitados por la Universidad. El Ministerio de Fomento afirma que "la documentación recibida es suficiente para emitir un informe favorable a la actuación propuesta", precisa que no afecta al trazado del AVE y urge la "necesaria recalificación del suelo no urbanizable rústico en no urbanizable dotacional".

En un detallado informe emitido por Fomento en mayo de 2000 -donde analiza parte por parte la ubicación del parque científico, la protección al ferrocarril, la línea de alta velocidad, el nuevo apeadero de Renfe y el impacto ambiental- el ministerio concluye que la ampliación de la Universidad de Alicante e implantación del parque científico Medpark (en un terreno triangular de 1.270.963 metros cuadrados, situado al suroeste del campus y separado por la vía ronda de San Vicente), es adecuado. Con todo, pide que se consulte con la empresa explotadora de obras ferroviarias Renfe y también la Oficina del Plan de Carreteras, dependiente de la Consejería de Obras Públicas (COPUT). El ministerio también puntualiza que "dado que el suelo seleccionado se encuentra actualmente clasificado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante como suelo no urbanizable rústico y de protección, se hace necesario su recalificación como suelo no urbanizable dotacional".

La sugerencia de Fomento ya había sido tomada en cuenta con anterioridad por la COPUT, los técnicos municipales y los responsables universitarios. De hecho, el 1 de febrero la consejería y el equipo técnico de la Universidad mantienen una reunión clave, "con carácter de urgencia", relacionada con "el planeamiento urbanístico de la ampliación de la Universidad de Alicante", presidida por el propio consejero de Obras Públicas, José Ramón García Antón.

A esta reunión, sorprendentemente, el consejero no invitó al concejal de Urbanismo de Alicante, José Luis Pamblanco, quien ese mismo día informa a la Universidad que "se va a firmar el contrato de adjudicación de los trabajos para la revisión del PGOU y se va a mantener la primera reunión con el equipo redactor, acto de considerable importancia para el Ayuntamiento, en el que se requiere que asistan los máximos representantes municipales, políticos y técnicos en materia de Urbanismo". En consecuencia, la primera Memoria del Documento de Homologación de POGU de Alicante proyecta la actuación del Medpark como "suelo no urbanizable dotacional", en absoluta coherencia con el informe del Ministerio de Fomento.

Justo cuando parece que se busca una solución para adecuar el uso del suelo a las necesidades del Medpark, el proceso da un giro radical, según se desprende del análisis detallado de la cronología de las reuniones y los documentos emitidos por ambas partes. El talante de las negociaciones se endurece entre el Consell y la Universidad, coincidiendo con las elecciones generales y el anuncio de exposición pública.

En plena fase de alegaciones, el 19 de abril, se presenta por parte de la empresa Inmuebles Arb, SL, un amplio informe de 100 páginas en el que expresan su "frontal oposición con la clasificación urbanística de la Memoria del PGOU" y su rechazo a que "estos terrenos pasen a ser no urbanizables".

El precio de 2.000 pesetas el metro cuadrado al que la Universidad adquiere sus primeros 300.000 metros cuadrados en esta zona, con la intención de reservar el suelo de los otros 1.200.000, en 1999, desata una pelea por la especulación del suelo para evitar que pueda ser "expropiado", según refleja exhaustivamente el documento citado. La entidad dedicada a la "extracción de minerales y explotación y construcción de fincas rústicas y urbanas", inicia una batalla, que amenaza con la vía judicial, para impedir la recalificación. Y exige que "intervengan el Ayuntamiento de Alicante y la COPUT, a quien corresponde la aprobación del PGOU", porque "no pueden ser ajenos a este cúmulo de infracciones legales". Y acusan a la Universidad de "abuso de poder".

"Consideramos", dice el documente, "que lo actuado por la Unviersidad es radicalmente nulo de pleno derecho, dado que ésta resulta ser manifiestamente incompetente para promover y elaborar instrumentos de planeamiento urbanistíco". Se trata del mismo argumento empleado por el Consell en su resolución del 25 de julio en la que el Consell para oficialmente el trámite del Medpark.

El bloqueo definitivo del proyecto por parte del Consell no recoge las múltiples conversaciones y alegaciones que se producen como consecuencia del proceso de concertación abierto y público emprendido por la gerencia y los servicios técnicos y jurídicos de la Universidad de Alicante con las 11 administraciones relacionadas con el proyecto de ampliación del campus para el parque científico.

Del nivel de intercambio informativo entre la Universidad y la Administración da cuenta la respuesta de la Dirección General de Obras Públicas de la COPUT, cuya división de carreteras asegura en un documento fechado el 13 de abril que "una vez analizada la documentación aportada, este Servicio emite un informe favorable, ya que han sido reflejadas las conexiones a las carreteras actuales y futuras". El documento, incluso, llega a sugerir que el nuevo acceso a Alicante desde CV-80 sea consensuado.