¡Agua va!
Después de 20 años de amagos y desistimientos -por no aludir a otros proyectos seculares- parece que por fin va a cuajar el Plan Hidrológico Nacional y los caudales excedentarios del Tajo, Duero y Ebro aliviarán la sed de las tierras valencianas, comenzando por su agricultura, que es la mayor consumidora de agua. Volúmenes mucho menores, pero igualmente vitales y sin duda más productivos, necesitan varias zonas turísticas litorales, imposibilitadas a menudo de garantizar unos suministros mínimos y potables a sus crecientes clientelas. Así pues, agricultores, inmobiliarios y hosteleros miran con creciente ansiedad la evolución del citado plan, del que no todo está dicho ni es dable esperar que se lleve a cabo sin severas tensiones. El agua, o la lucha por la misma, decanta por doquier altas temperaturas políticas y bélicas.Como quiera que entre trámites administrativos y realización de obras todavía transcurrirán no menos de seis u ocho años para ver colmado el ensueño, es factible creer que, para entonces, ya habrá cambiado algún que otro vicio cívico, como es la propensión al derroche y la frívola convicción de que el agua es un bien abundante y prácticamente regalado, como todavía subsiste. Verdad es que en poblaciones de La Marina, L'Alacantí y Camp d'Elx ya saben lo que vale un peine -el importe del recibo- cuando han llenado la piscina o regado el jardín. Pero todavía son una excepción. Lo más habitual es pensar que nunca ha de faltarnos.
Sin embargo, estos son derroches menores que, en el peor de los casos, absorben el 20% de los recursos disponibles. El mogollón del consumo lo detrae la agricultura y es aquí donde hay que estar avisados. En este sentido, resulta llamativo que el repetido Plan Hidráulico que se propone previene que quedará bloqueada la superficie actualmente cultivada. ¿Y eso cómo se hace y se hará? Porque hoy, como no se le oculta a cualquier observador, se siguen transformando tierras y ampliando los regadíos. Incluso no puede sorprendernos que el proceso se acelere ante la perspectiva de una próxima limitación. ¿Quién y cómo le pondrá barreras al campo? El consejero de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana, José Ramón García Antón, declaraba días pasados que quizá haya de arbitrarse un procedimiento similar al que se aplica a las iniciativas urbanísticas: sin licencia administrativa no hay nuevo regadío.
¿Y en cuanto a la construcción, qué hacer? ¿Habrá que ceder ante la voracidad expansiva de los planes de ordenación urbana? Los expertos se cansan de advertir que en el litoral mediterráneo -y obviamente en el País Valenciano- estamos en el umbral de la saturación en punto a la densidad de segundas residencias y población, con grave merma de la riqueza medioambiental. Pero el fenómeno no parece que le ponga alas a la imaginación de los gobernantes, encomendados sin duda a la providencia y a las leyes del mercado, e incluso confiados en que, a falta del Ebro, siempre nos quedará la desaladura del mar. Una temeraria imprevisión que únicamente podría enmendarse alumbrando una ley de ordenación del territorio que, sin ser una panacea, sí podría aliviarnos de ciertos excesos y garantizar en buena parte el crecimiento sostenido, que hoy se quiere desbocado.
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