Sanciones levantadas
De forma algo vergonzante, los Catorce han decidido finalmente levantar las sanciones, más bien simbólicas, que tomaron en febrero contra Austria por la entrada en el Gobierno de ese país del partido de extrema derecha de Jörg Haider, el FPÖ. Aquellas medidas -fundamentalmente la prohibición de contactos e invitaciones- se tomaron precipitadamente, haciendo caso omiso de todos los usos comunitarios. Han unido a los austriacos frente a la UE y han reforzado a Haider. El hecho de que los Catorce se propongan mantener una estrecha vigilancia sobre ese partido y su influencia sobre el Gobierno de coalición en Austria servirá más a Haider para perseverar en su victimismo de país perseguido que para salvar la cara a Francia, la más ardiente impulsora de unas sanciones que se tomaron incluso antes de formarse el nuevo Gobierno austriaco, juzgando intenciones y no hechos.Los Catorce han rectificado su error inicial. Para ello buscaron una vía de salida al encargar un informe -que redactaron el finlandés Ahtisaari, Jochen Frowein y el español Oreja- que exculpa al Gobierno de coalición presidido por el democristiano Schüssel pero que califica al FPÖ, segundo partido del país, como "populista de derechas con elementos radicales" que utiliza "elementos xenófobos" o incluso "racistas" en sus campañas. Pero, para los tres sabios, el mantenimiento de las sanciones resultaba "contraproducente". Y lo era no sólo para Austria, bloqueada ante la presión internacional, sino también porque Viena tiene una de las 15 llaves para posibilitar un acuerdo sobre la reforma institucional de la UE en la cumbre de diciembre. Las sanciones contra Austria -de ahí las prisas por levantarlas- estaban también teniendo un efecto negativo en Dinamarca, favoreciendo el no en el referéndum convocado para el 28 de septiembre sobre la entrada en el euro. Muchos daneses lo consideraban una intromisión poco aceptable de países grandes en los asuntos de uno pequeño. De hecho, nadie adoptó sanciones contra Italia cuando un partido con mensajes xenófobos como el de Fini entró en el Gobierno de Berlusconi. Claro que la fiebre sancionadora se originó por una suma de razones internas de Francia, España, Bélgica y Alemania, entre otros, más que como resultado de una reflexión conjunta sobre los riesgos del ascenso de ideologías ultraderechistas.
La acción de los Catorce habrá tenido, sin embargo, algunos efectos positivos al impulsar un debate sobre los valores en que ha de fundamentarse la construcción europea. Queda también demostrado, como apunta el informe de los sabios, que la UE carece de instrumentos para hacer frente a este tipo de situaciones. La participación en un Gobierno de un partido abiertamente xenófobo es una posibilidad que puede aumentar con los crecientes flujos migratorios y con una Unión ampliada, lo que puede derivar en medidas indeseadas. Por ello, en la Conferencia Intergubernamental en curso, los Quince deberían idear mecanismos efectivos de defensa al menos con una Carta de Derechos -con valor jurídico y no reducida a una mera declaración- y con procedimientos aceptados para poder sancionar, suspender o incluso expulsar a cualquier Estado que cayera en desvaríos de esta índole.
