Entrevista:Antonio Gil OlcinaDirector del Instituto Universitario de Geografía de Alicante

"Para pedir agua hay que estar legitimado, y es lógico que Aragón plantee resistencia"

Es una de las voces españolas más autorizadas para hablar de planeamientos hidrológicos, y lo hace desde una perspectiva histórica que explica las reticencias actuales de algunas comunidades autónomas a ceder sus excedentes a la España seca, que crece de forma incontrolada sin tener en consideración sus recursos naturales. El ex rector de la Universidad de Alicante confía en que el Plan Hidrológico Nacional, como cuestión de estado, se apruebe este año.

Pregunta. ¿El Plan Hidrológico Nacional, en los primeros compases de debate, ha desatado un conflicto de intereses regionales. ¿Situación previsible que se puede agravar?Respuesta. Era de preveer por la sencilla razón que el nudo gordiano es el de los trasvases, y esto ha suscitado problemas desde el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, que planteó por primera vez la transferencia del Tajo y generó problemas en lo hoy es Castilla-La Mancha, y por el contrario adhesiones fervientes en el sur y sureste de España. Digo esto porque se confunde de manera sistemática. En ese plan se habla de la posibilidad de transferir agua del Guadiana y del Tajo, pero el primer planteamiento del Ebro lo hace en 1937 Félix de los Ríos Martín. Naturalmente, cuando se habla de transferir agua el problema surge de inmediato, porque tradicionalmente la transformación de los regadíos ha sido garantía de cosecha y diversificación, y las comunidades con excedentes, que además no se encuentran entre las más desarrolladas, es lógico que defiendan sus recursos.

P. Como Aragón ahora.

R. No es que en modo alguno la cuenca del Ebro se ciña a Aragón, pero la mitad de la cuenca está en territorio aragonés, y a eso hay que añadir otro dato importante: la desertización de esa región, que ha experimentado, en beneficio de regiones periféricas como la Comunidad Valencia y Cataluña, un cambio demográfico importante, una corriente migratoria considerable. Como recurso natural, es lógico que a la hora de ceder el agua plantee resistencias. Hay que ponderar otra cuestion, y es que la transformación en regadíos no es hoy un vehículo de modernidad. Teniendo en cuenta que nuestra actividad agrícola se mueve en el ámbito de la OMC, hay regadíos que son inviables. Considero que es un grave error plantear las compensaciones siempre en términos hidrológicos, cuando sería más eficaz y fomentaría el desarrollo hablar en términos de infraestructuras más eficaces, rentables y justas.

P. Si históricamente ha sido imposible alcanzar acuerdos nacionales en materia de agua, ¿hay algún matiz que nos invite a pensar que ahora será diferente?

R. Yo pienso que el Plan Hidrológico Nacional saldrá adelante, pero desearía que fuera lo menos traumático posible. No basta con pensar a la hora de mandar agua que la referencia es el volumen demográfico, y no hay que olvidar que Aragón ha sufrido muchos desengaños, muchas promesas incumplidas en momentos en que la transformación en regadíos era eficiente, y es lógico que ahora desconfíe. Entiendo que así sea, aunque también es verdad que hoy el Estado dispone de unos recursos a la hora de establecer compensaciones que antes eran inasumibles.

P. Es, pues, cuestión de precio.

R. El agua no es sólo un bien económico del que se puede disponer libremente. Tenemos una experiencia secular de mercado de agua y sabemos lo que ocurre. El agua es un bien estratégico de importancia vital que no puede tener un planteamiento de mercado, que lo hace poco razonable. Para pedir transferencias hay que sentirse legitimado, y un plan que pretenda la denominación de hidrólogico debe serlo. Un plan hidráulico consiste en conducir, almacenar y aprovechar agua, y eso es sólo un capítulo de un plan hidrológico, que es más amplio y más rico en matices y perspectivas. Uno está legitimado para pedir con una adecuada gestión del agua y un planteamiento de desarrollo sostenible, y no con un crecimiento incontrolado hasta no se sabe dónde, lo que es extremadamente peligroso. En un Plan Hidrológico Nacional es necesaria una adecuada gestión del agua, que en este país todavía deja mucho que desear.

P. ¿Qué nos falta para ello?

R. Para empezar no tenemos un inventario de los recursos disponibles, ni un estudio en profundidad sobre en qué medida se aplica la reutilización de aguas residuales, salobres y salinas. Y, sobre todo, hay que avanzar en el ahorro, que no se despilfarre. Hay que administrar al máximo lo que se tiene y, dentro de ciertos límites, reclamar más agua.

P. Nosotros, que tanto pedimos, ¿la administramos bien?

R. Despilfarramos menos que otros. Si hablamos del abastecimiento urbano, en algunos puntos de España se pierde hasta el 50% del caudal en la conducción, y aquí tenemos un buen control, aunque la gestión siempre es mejorable.

P. Todo trasvase comporta impacto medioambiental.

R. Impacto hay siempre, y en este caso se ha buscado reducir. Es el menos ambicioso de los macrotrasvases del Ebro. El anteproyecto de 1993 planteaba aportar a la Comunidad Valenciana y Murcia 1.935 hectómetros cúbicos anuales, y en estos momentos estamos hablando de 730 hectómetros. Pero insisto en que debe ser la última instancia. Es difícil prescindir del trasvase, pero si fuéramos sensatos, si la gente se mentalizase y gestionáramos bien el agua, lo deseable sería que en el futuro ese umbral no sólo no se excediera, sino que se rebajara.

P. ¿En la España seca?

R. Técnicamente, con una buena gestión del agua, es posible.

P. Desde una perspectiva histórica y personal, ¿cree que el gobierno que acometa los trasvases se la juega?

R. Si hace un planteamiento sólo de trasvases y se reduce a una ley de transferencias, producirá desencanto. De lo contrario, tendrá un sitio de honor en la historia de España. Se ha de hacer con amplitud de perspectivas, contando con todos.

P. ¿En qué plazos?

R. Si se funciona con la suficiente seriedad y abandonáramos esa inclinación frecuente por la chapuza, en un horizonte de 20 años estaría solucionado.

P. ¿Confía usted en ello?

R. Abrigo ciertas dudas.

P. ¿Cuánto debe costar el agua?

R. Defiendo que no puede existir un precio igual para todos, por la sencilla razón de que la repercusión final es muy diferente en función de la actividad. El uso urbano, turístico e industrial puede asumir unos costes imposibles para la agricultura. Todos deben pagar lo que vale el agua, pero en el caso agrícola hay que atender a otros criterios.

P. Y en justicia, ¿quién debe pagarla?

R. Todos, pero unos con más facilidad que otros.

P. ¿El trasvase Júcar-Vinalopó implica duplicidad de infraestructuras?

R. No lo creo. Siempre he tenido claro que al Vinalopó no llegará una gota del Júcar hasta que esté aprobada la transferencia del Ebro. En última instancia lo que llegará será agua del Ebro, y conviene no olvidarlo. Es obvio que cualquier trasvase que se plantee debe estar armonizado con el Plan Hidrológico, que se fundamenta en la armonía.

P. ¿Y qué le parece lo que conocemos del documento?

R. No pasa de ser un esbozo. Creo que se ha procedido con habilidad política teniendo en cuenta la experiencia del anteproyecto anterior, que dio lugar a una serie de tensiones entre comunidades y gobierno, presididos por el mismo partido. Ahora se han producido aproximaciones. Primero se aprobaron los planes de cuenca, luego el Libro Blanco del Agua, que fue un globo sonda importante, y en julio se anunció una inversión de tres billones de pesetas en infraestructuras sin hablar todavía de trasvases. El anteproyecto, cuando se recoja para ser ley, tendrá una aprobación mayoritaria, aunque siempre habrá discrepancias. Sería muy triste que en el año 2000 las fuerzas políticas no fueran capaces de asumirlo.

P. Es decir, que vamos bien.

R. Podríamos ir mejor, pero es bueno que se haya desbloqueado y que todas las fuerzas lo consideren una cuestión de Estado. Lo importante es que no quede en un mero plan hidráulico.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 10 de septiembre de 2000.