Las asociaciones de jueces y fiscales, divididas sobre la legalidad y eficacia de las medidas propuestas

"Un elogio"

Las distintas asociaciones de jueces y fiscales han expresado opiniones divergentes respecto a las medidas acordadas por el Gobierno para combatir la violencia callejera y los actos de apología del terrorismo. Las asociaciones Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales señalaron ayer que el nuevo tipo penal propuesto por el Gobierno para castigar con penas de prisión la exaltación del terrorismo "podría plantear problemas" relacionados con el derecho a la libertad de expresión.La portavoz de Jueces para la Democracia, Montserrat Comas, se mostró "totalmente de acuerdo" en la creación de un tipo penal que castigue los actos de desprecio o humillación de las víctimas", ya que considera que en este momento existe un vacío legal en este asunto.

Sin embargo, Comas se mostró contraria a la modificación de la Ley del Menor antes de su entrada en vigor. "Entendemos que los delitos terroristas de menores no pueden ubicarse fuera de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor". Agregó que los menores no deben ser juzgados en la Audiencia Nacional, sino en los juzgados de menores, aplicando la Convención de Derechos del Niño.

Adrián Salazar, de la UPF, calificó de "arriesgado" el proyecto para castigar los actos de exaltación terrorista, ya que podría vulnerar el derecho a la libertad de expresión. Salazar calificó las reformas de "innecesarias" y precisó que lo que hace falta es aplicar los recursos del Estado de Derecho para luchar contra el terrorismo, como son las medidas policiales y la aplicación de las leyes actualmente vigentes.

La Asociación Profesional de la Magistratura, a través de su presidente, Santiago Martínez Vares, señaló que la iniciativa del Gobierno para reformar los mecanismos legales contra el terrorismo merece "un elogio", porque "no se trata de endurecer penas, sino de impedir que determinadas conductas que aprovechan resquicios del Estado de Derecho queden impunes, cerrando esos resquicios". Martínez Vares recordó que las reformas corresponden al Ejecutivo y que los jueces sólo pueden aplicarlas una vez aprobadas.El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, expresó su satisfacción por el informe del Ministerio de Justicia y solicitó que las medidas puedan aplicarse cuanto antes y con carácter permanente hasta que desaparezca de Euskadi el fenómeno terrorista.

Armengol destacó la necesidad de que se "luche de forma contundente" contra el terrorismo aunque sus autores tengan de 14 a 18 años y expresó su coincidencia con el Gobierno de que debe ser la Audiencia Nacional la que juzgue a esos menores. "Es conveniente que todo quede centralizado, que todo quede bajo la custodia judicial, en la Audiencia Nacional, que es un organismo específico en materia de terrorismo; es muy conveniente y positivo", puntualizó.