Aznar: "Un terrorista con 16 o 17 años es un terrorista y debe ser juzgado por la Audiencia"

El presidente del Gobierno dio ayer en Nueva York sus argumentos para proponer reformas legales para luchar contra ETA, incluida una revisión del tratamiento de los menores implicados en la violencia callejera. "Un terrorista con 16 o 17 años es un terrorista, y debe ser juzgado por la Audiencia Nacional e internado, en su caso, en una institución adecuada a su edad", aseveró José María Aznar. El ministro del Interior, Jaime Mayor, iniciará en los próximos días una ronda con todos los partidos para tratar de llegar a un acuerdo sobre los cambios legislativos para combatir el terrorismo.

El Gobierno ha sido receptivo a la petición del responsable del PSOE en el área de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que reclamó el jueves por la noche al secretario de Estado de Justicia, José María Michavila, la extensión de la ronda a los partidos para ampliar el consenso. Aguilar cree que la clave para combatir a ETA es la eficacia policial, pero también comparte que se endurezcan las leyes.Aznar, en una rueda de prensa en Nueva York, mostró su esperanza de lograr el consenso con el PSOE en esta materia e incluso sobre la alternativa política a presentar en el País Vasco. "Esta reforma no es arriesgada. Lo arriesgado sería no hacerla. Ya he dicho muchas veces que utilizaremos todos los medios al alcance del Estado de Derecho para combatir al terrorismo", dijo.

"Incendiar un autobús o destrozar un cajero electrónico debe constituir, en circunstancias como las que se dan en el País Vasco, un delito de terrorismo, y debe tener para quienes cometen esos actos unas serias consecuencias penales", añadió.

El presidente arguyó que "la opinión pública está mayoritariamente de acuerdo" en que se evite que condenados por terrorismo puedan ocupar cargos públicos y en perseguir "el ensalzamiento del terrorismo y la chulería de los nazis de EH".

Por su parte, el PSOE continúa en una actitud colaboradora, pero vigilante respecto a los cambios penales que plantea el Gobierno. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó ayer la disposición de su partido a "estudiarlas" aunque opinó que las medidas legislativas, por sí mismas, no producen "un efecto inmediato y de gran calado".

Leyes aún sin vigor

El líder del PSOE, de visita a la localidad leonesa de Ponferrada, dijo que su partido "está dispuesto a estudiar esas medidas legislativas" y, a continuación, hizo algunas precisiones o avisos. "Algunas de esas medidas afectan a leyes que casi no están todavía en vigor y, desde luego, no pueden en sí mismas, producir un efecto ni inmediato ni de gran calado", agregó en referencia a la reforma de la Ley Penal del Menor que empezará a regir en enero.Pero antes de esa consideración sobre la efectividad de los cambios legales el líder del PSOE señaló que tales normas deben tener "una clarísima compatibilidad con los principios constitucionales y deben contar con un amplio acuerdo de las fuerzas políticas".

El responsable de Justicia del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, está tratando de llevar al ánimo del Gobierno que cuente con expertos penalistas para participar en la redacción de los cambios legales y, desde luego, que las normas gocen de un amplio consenso.

El nuevo equipo dirigente del PSOE sostiene que la efectividad de los cambios legales en la lucha contra el terrorismo será limitada si no se lleva a cabo un trabajo político, cultural e ideológico que cale entre los jóvenes implicados en actos violentos.

Por su parte, el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, calificó la reforma de "un apunte más de la política de adoquín" de José María Aznar que "sólo entiende la represión" y cae en el error "en el que cayeron otros" de creer que con la represión se puede acabar con la violencia. "Yo considero que Aznar de lo que no entiende es de flexibilidad, de cintura, de oportunidad política y siempre carga con lo mismo", añadió.

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, replicó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con cara de sorpresa: "¿Quién le ha contado a Arzalluz las medidas?". La expresión de Rajoy obedecía a que Arzalluz se había pronunciado sobre las medidas antes de conocerlas.

Por su parte, el portavoz adjunto de IU, Felipe Alcaraz, reiteró ayer el rechazo de su formación a las medidas legales anunciadas por el Gobierno y pidió que "no intente venderlas como una solución al problema terrorista".

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) rechazó las medidas propuestas por el Gobierno porque cree que bordean la constitucionalidad.