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Los Quince deben dar el visto bueno

La paz entre el Gobierno francés y los transportistas y agricultores no sólo depende de ellos. La Comisión Europea advirtió ayer de que cualquier acuerdo que modifique la fiscalidad de los carburantes en Francia deberá recibir el visto bueno del ejecutivo comunitario y el voto unánime del Consejo de Ministros europeos de Economía y Finanzas (Ecofin), aunque París tiene derecho a aplicar tasas más bajas hasta fin de año sin el visto bueno de sus socios. La comisaria de Energía, Loyola de Palacio, ratificó que la Comisión sigue defendiendo la tesis tradicional de que la reducción del precio de la gasolina no se debe buscar mediante una relajación general de la fiscalidad sobre la energía, aunque pareció estar dispuesta a apoyar casos específicos como el de Francia y reconoció que este país tiene derecho hasta fin de año a aplicar tipos distintos a la norma general.

La norma general es que los Estados miembros no pueden reducir de forma unilateral las tasas de los carburantes por debajo de 245 euros por 1.000 litros y están obligados a que cualquier reducción afecte de la misma manera a todos los gasóleos.

Así lo recordó ayer el portavoz del comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkestein. "Cualquier acuerdo que modifique las tasas deberá ser comunicado a la Comisión Europea para evaluar si éste rompe o no la unidad del mercado interior. La Comisión elevará luego una propuesta al Ecofin, que decidirá por unanimidad", precisó.

A su juicio, incluso en el caso de que la decisión fuera aprobada por la Comisión y el Consejo, el ejecutivo comunitario podría acabar anulando esa aprobación si concluye que, aunque cumple la normativa de mercado interior, viola las normas sobre la libre competencia. Ése podría ser el caso, por ejemplo, si la reducción beneficia a los transportistas franceses, pero no al resto de transportistas que circulen por Francia.

Otro problema que se plantea es que la reducción de la presión fiscal que grava la energía va a beneficiar sólo a una parte de la población, en este caso los transportistas, taxistas y agricultores.

Pero De Palacio ya insinuó ayer que la Comisión no parece dispuesta a poner problemas a Francia. Recordó que este país goza de ciertas derogaciones sobre la directiva que le permite hasta el 31 de diciembre de este año aplicar tipos fiscales más bajos. Y recordó también que ya ahora sectores como la pesca gozan de exención de impuestos en el gasóleo.

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