Amnistía Internacional acusa a Arafat de mantener a 600 presos políticos en sus cárceles

El presidente de la Autoridad Palestina, Yasir Arafat, mantiene en sus cárceles a más de 600 presos políticos, una parte importante de los cuales aún no han sido juzgados y ni siquiera han recibido comunicación de las acusaciones que pesan sobre ellos, según denuncia un informe de Amnistía Internacional. El documento fue hecho público ayer, cuatro días antes de que se reúna en Gaza el Consejo Central de la OLP, que deberá decidir si confirma o aplaza la fecha de proclamación unilateral del nuevo Estado de Palestina, que en un principio está previsto para el 13 de septiembre.

Detenciones llamativas

"Durante estos seis últimos años, la Autoridad Palestina ha detenido a decenas de ciudadanos que ejercían de manera pacífica sus derechos de libertad de expresión", afirma Amnistía Internacional (AI) sobre la actuación del Gobierno autónomo de Yasir Arafat en materia de libertades políticas y ciudadanas.El documento asegura que las principales víctimas de las arbitrariedades policiales son "defensores de los derechos humanos, periodistas, personalidades religiosas, escritores, funcionarios del Gobierno, sindicalistas y universitarios", muchos de los cuales se han visto convertidos de la noche a la mañana en "presos de opinión, detenidos ilegalmente, y a menudo sin contacto con el exterior".

La policía de Arafat detuvo, sólo en 1999, a 350 opositores por razones políticas; la mayoría fueron encerrados sin sentencia ni proceso en celdas palestinas, donde se encuentran desde hace años, también pendientes de juicio, otros 230, muchos de ellos detenidos en los primeros años del Gobierno palestino, hace más de seis años, por sus supuestas vinculaciones con los aparatos de seguridad israelíes.

La mayoría de las detenciones se efectúan de un modo caprichoso, denuncia Amnistía. "A menudo, los adversarios de Arafat son invitados por los servicios de seguridad a una breve entrevista, a tomar un café, y no reaparecen hasta pasados varios días, incluso semanas o meses".

El último en sufrir este tipo de detención ha sido el imán Sabri Abu Diab, citado por la policía palestina dos días después de haber pronunciado en una mezquita de Gaza un sermón en el que criticaba el proceso de paz y las negociaciones con Israel. El religioso, que acudió desprevenido a las dependencias de la Seguridad Preventiva, regresó a su domicilio varias semanas después.Uno de los casos más escandaloso es la detención del consejero presidencial Abdel Fattah Gahnem, quien fue detenido y encarcelado en junio, tras haber criticado a Arafat por su incapacidad de llegar a un acuerdo justo con los israelíes con respecto al retorno de los seis millones de refugiados palestinos, uno de los asuntos más espinosos de las negociaciones de julio en Camp David.

La detención del consejero presidencial se mantuvo en secreto cerca de un mes, hasta el 27 de julio, cuando su familia recibió el permiso para visitar al detenido. En la actualidad, Gahnem continúa incomunicado, sin posibilidad de recibir de nuevo la visita de su familia o de sus abogados.

Aparte de las detenciones arbitrarias, AI denuncia también los malos tratos y las torturas, como las infringidas al periodista Munir Abu Rizq, redactor jefe del periódico Al Hayat al Yaddida, quien fue duramente golpeado después de que intentara asistir en un tribunal militar de Gaza a un juicio contra un palestino para el que se pedía la pena de muerte por haber asesinado a dos vecinos, lo que le valió una ejecución sumarísima, sin derecho a apelación.

En este mismo capítulo se incluye el nombre de otro periodista, Masher al Dasuqui, un presentador de la televisión detenido en septiembre, después de que la madre de un preso criticara en su programa a Arafat.

Al Dasuqui fue sometido a latigazos, se le impidió comer y dormir y se le obligó a permanecer inmovilizado durante horas. Su familia lo localizó ocho días más tarde; fue liberado tres semanas después, sin ningún cargo.

El informe de Amnistía parece no haber hecho mella en el Gobierno palestino, que ayer, a través de un portavoz, el consejero presidencial Ahmed Abderrahman, se limitaba a denunciar la supuesta "visión parcial" y "negativista" del documento y aseguraba que Arafat está construyendo "una sociedad civil, no un régimen dictatorial. No nos oponemos a la libertad de expresión".