El presidente de la Audiencia censura que se libere a los 10 acusados del crimen de la Villa Olímpica

La decisión del juez Adolfo Fernández Oubiña de autorizar la libertad, bajo fianzas no superiores a 750.000 pesetas, de los 10 acusados por el crimen de la Villa Olímpica ha tenido consecuencias. La primera, que salgan de la cárcel. Ayer lo habían hecho los siete que habían pagado la fianza y el resto lo hará en cuestión de horas. Uno de los acusados salió de la cárcel de la Trinitat repartiendo golpes entre los presentes. La segunda consecuencia del auto fue provocar el estupor, traducido en críticas al juez hechas por el presidente de la Audiencia de Barcelona; el alcalde de la ciudad y la alcaldesa de Santa Coloma, el fiscal del caso y el fiscal jefe de Cataluña y la familia de Carlos Javier Robledo.

Peligro de fuga

José Luis Barrera, presidente de la Audiencia de Barcelona, calificó ayer el auto del juez de "chocante" y, matizando que podría ser "técnicamente correcto", aseguró que era "tímido en sus razonamientos". En su opinión, Fernández Oubiña podría haber argumentado más los motivos por los que tomaba la decisión. Barrera añadió que comprendía las críticas al juez y que una medida como la tomada por éste es de las que causa "perplejidad" y "no favorece" la imagen de la justicia ni su relación con la sociedad. Barrera recordó que el motivo esgrimido por el juez es el cuestionamiento, por parte del Tribunal Constitucional, de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regulan la prisión preventiva, cuya misión no es anticipar la pena sino "garantizar la presencia del acusado en juicio".Mientras, los acusados iban pagando la fianza y saliendo de la cárcel. Al cierre de esta edición, siete de ellos habían depositado el dinero y abandonado el centro penitenciario, uno de ellos repartiendo golpes entre los fotógrafos y cámaras congregados a la puerta de la cárcel. Entre los que han quedado libres figura Jesús García Nieves, al que el juez impuso una fianza menor a la del resto -250.000 pesetas- por "su intensa colaboración" en la instrucción del caso, lo que ha valido que su familia haya recibido amenazas de familiares de otros acusados por considerarle "chivato y traidor", según su abogado, Jorge Tienda.

La posibilidad de que los acusados utilicen la libertad para fugarse es parte de la argumentación de los recursos del fiscal y de la acusación popular, cuyos responsables se expresaron también de forma crítica respecto a la actuación del juez. El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, aseguró que la resolución "contradice la anterior del propio juzgado, que había sido confirmada por la Audiencia". El fiscal del caso, Gonzalo Cienfuegos, razona que la prisión preventiva funciona como "una respuesta inmediata" de los órganos judiciales, cuya función es la de "paliar en la medida de lo posible el profundo dolor ocasionado a los familiares". Fernández Oubiña basa su decisión en supuestos retrasos en las pruebas científicas relacionas con el caso que ha solicitado, un parecer que no comparte la fiscalía. Para Gonzalo Cienfuegos, estas pruebas son complementarias y "en absoluto imprescindibles", opinión que comparte la acusación particular.

Para el alcalde de Barcelona, Joan Clos, "la actuación del juez en este caso está siendo francamente insólita", dijo.

Pero no todo fueron críticas: los abogados defensores de los acusados expresaron ayer su acuerdo con la decisión tomada por Fernández Oubiña, al igual que los familiares de los detenidos y el Colegio de Abogados. Para esta institución, la decisión del juez es "técnicamente correcta".

Carlos Palomino, defensor de dos de los procesados que ya han salido en libertad, calificó la decisión del juez de "correcta", al igual que Jorge Tienda, abogado de otro de los imputados. Para él, los jóvenes encarcelados han sido "sometidos a un linchamiento público".

En Santa Coloma la polémica liberación de los 10 acusados del crimen de Carlos Javier Robledo seguía aumentando de tono. Las autoridades de la ciudad y los ciudadanos expresaban sentimientos de rabia y de asombro. Ayer por la tarde se presentaron dos recursos contra el auto de liberación dictado por el juez: uno, de los abogados del Ayuntamiento de Santa Coloma, y el otro, elaborado por la abogada de la familia Robledo, Cinta Caminals, informa Anna D. Gabarrón.