El presidente de la Audiencia censura que se libere a los acusados del crimen de la Villa Olímpica

La decisión del juez Adolfo Fernández Oubiña de autorizar la libertad bajo fianza de 750.000 pesetas de los 10 acusados por el crimen de la Villa Olímpica ha tenido consecuencias. La primera, que salgan de la cárcel. Ayer lo habían hecho siete y el resto lo hará en cuestión de horas. Otros tres ya habían depositado la fianza. Uno de los acusados salió ayer de la cárcel de la Trinitat repartiendo golpes entre los presentes. La segunda consecuencia ha sido una oleada de manifestaciones de estupor. Ayer, la decisión del juez mereció severas críticas del presidente de la Audiencia de Barcelona, del alcalde de la ciudad, de la alcaldesa de Santa Coloma, del fiscal del caso, d el fiscal jefe de Cataluña y de los abogados de la familia.

Los detenidos están acusados de haber matado a golpes a Carlos Javier Robledo, de 22 años, el pasado 1 de abril en la Villa Olímpica de Barcelona. Según la reconstrucción de los hechos, los jóvenes se apostaron junto al coche de la víctima, a quien no conocían de nada, y le agredieron a golpes y patadas hasta causarle la muerte.José Luis Barrera, presidente de la Audiencia de Barcelona, calificó ayer el auto del juez que los deja en libertad de "chocante" y consideró que dificulta la relación de la justicia con la sociedad. Matizando que podría ser "técnicamente correcto", Barrera aseguró que el auto era "tímido en sus razonamientos". En su opinión, Fernández Oubiña podría haber argumentado más los motivos por los que tomaba la decisión. Barrera añadió que comprendía las críticas al juez y que una medida como la tomada por éste es de las que causa "perplejidad" y "no favorece" la imagen de la justicia.

El presidente de la Audiencia de Barcelona calificó de "chocante" el auto recordando la dureza de los argumentos utilizados por el propio magistrado para decidir que los acusados ingresaran en prisión. Oubiña calificó a los sospechosos de asesinos y dijo de ellos que eran un peligro para la sociedad. Barrera recordó que el motivo esencial es el cuestionamiento, por parte del Tribunal Constitucional, de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regulan la prisión preventiva, cuya misión no es anticipar la pena sino "garantizar la presencia del acusado en juicio".

Mientras, los acusados iban pagando la fianza y saliendo de la cárcel. Al cierre de esta edición, siete de ellos habían abandonado el centro penitenciario, uno de ellos repartiendo golpes entre los fotógrafos y cámaras congregados a la puerta de la cárcel. Entre los que han quedado libres figura Jesús García Nieves, al que el juez impuso una fianza menor a la del resto -de 250.000 pesetas- por "su intensa colaboración" en la instrucción del caso, lo que le ha valido que su familia haya recibido amenazas por parte de familiares de otros acusados tachándole de "chivato y traidor", según su abogado, Jorge Tienda.

La posibilidad de que los acusados utilicen la libertad para fugarse es parte de la argumentación de los recursos del fiscal y de la acusación popular, cuyos responsables se expresaron también de forma crítica respecto a la actuación del juez. La fiscalía no se anduvo por las ramas. El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, aseguró que la resolución "contradice la anterior del propio juzgado, que había sido confirmada por la Audiencia".

El fiscal del caso, Gonzalo Cienfuegos, alega en su recurso el "elevado" riesgo de fuga de los procesados, así como el "poco tiempo" transcurrido tanto de instrucción de la causa como de encarcelamiento preventivo de los procesados, que no alcanza los cinco meses. El fiscal razona que la prisión preventiva está concebida como "una respuesta inmediata" de los órganos judiciales cuya función es la de "paliar en la medida de lo posible el profundo dolor ocasionado a los familiares". Fernández Oubiña basa su decisión en supuestos retrasos en las pruebas científicas.