El gran pacto del agua

Han bastado algunas filtraciones periodísticas sobre el no tan bien guardado anteproyecto de Ley de Plan Hidrológico Nacional para que nuevamente se reabra la polémica -no precisamente académica- en torno al reparto del agua, una cuestión pendiente desde que el Parlamento aprobara hace 15 años la vigente Ley de Aguas, en la que se establece que los travases de una cuenca a otra deberán ser regulados por una ley específica: el denominado Plan Hidrológico Nacional. Hay que felicitarse por que el Partido Popular se haya decidido a abordarlo de una vez, aunque en el pasado haya hecho abundante demagogia política a cuenta de este problema aplazando su solución, primero mediante un recurso contra la Ley de Aguas ante el Constitucional y después haciendo cuanto pudo para zancadillear el proyecto presentado por el ministro Borrell. En todo caso, la tardanza no tendría mayor importancia si hubiera servido para que la sociedad española madurara lo suficiente como para abordar el reparto de un recurso básico sin desatar una guerra entre partidos y comunidades.Nada básico de lo que se decía en el plan de Borrell o lo que se dice en el plan del PP es nuevo. Escasea el agua en la costa mediterránea y hay excedentes en el Duero, en el Tajo y en la desembocadura del Ebro, aunque los únicos trasvases rentables sean los de este último río, según el avance conocido del Plan Hidrológico. Casi todo está inventado en el aprovechamiento del agua, sobre todo allí donde falta. La base de uno y otro plan la diseñó un técnico conservador, Lorenzo Pardo, a quien el socialista Indalecio Prieto encargó el primer plan hidrológico de la historia en tiempos de la República. Lo que ha cambiado desde entonces son las tecnologías agrarias para multiplicar la eficiencia en el uso del agua y el concepto sobre este recurso. El agua ya no es sólo un bien asociado a la riqueza agraria y al paisaje: es un recurso del que depende la existencia de las personas y el resto de la biodiversidad. Pero, si se modifica abruptamente su disponibilidad y calidad, las consecuencias pueden ser traumáticas para la supervivencia de los seres vivos que dependen de su hábitat.

Hacen bien los territorios con excedentes en reclamar igualdad de trato cuando se va a ceder agua a otros territorios que la demandan. No es justo ver correr el agua para que la use otro y no poder hacer lo propio porque faltan canalizaciones o infraestructuras largamente prometidas y nunca ejecutadas; ahora bien, tampoco se pueden erigir en únicos propietarios de ese agua alegando una imaginaria soberanía local: viene de otro sitio y pasa de largo. Ni Aragón ni Tarragona pueden reclamar peaje por el uso que hagan otros del agua del Ebro. ¿Por qué no también Cantabria, Álava, Navarra, Soria o La Rioja? En Aragón el agua es un elemento atávico de su cultura y la bandera de sus partidos regionalistas. Es el principal recurso que pone sobre la mesa en toda negociación para obtener otras compensaciones. Pero muchas de las propuestas contenidas en el Pacto del Agua aprobado por las Cortes regionales se consideran maximalistas por los propios firmantes, como la construcción de algunos embalses y la puesta en riego de áreas que nunca serán rentables.

Hay un término medio entre las contraprestaciones que reclama Aragón y las demandas de los regantes que obtienen una altísima rentabilidad con el riego por goteo de cultivos hortofrutícolas de invierno sobre la seca arena del sureste y el desordenado crecimiento turístico de esa zona. En manos de los expertos en medio ambiente, en ordenación del territorio, los gestores del agua, los políticos, los colectivos afectados y la sociedad en su conjunto está la decisión de optar por la opción más razonable y trasladarla a un gran pacto del agua. Un pacto en el que debería quedar claro que la solidaridad también es negociable. Que, si es de justicia que los territorios cedentes obtengan algún tipo de compensación, también lo es que los usuarios receptores contribuyan a ella, así como a sufragar el coste de llevar el agua hasta su parcela.