Educación dispone de 50 ficheros de datos de funcionarios, particulares, entidades y empresas

Cualquier ciudadano que haya tenido relación, por circunstancial que ésta sea, con la Administración está literalmente "fichado". La Consejería de Educación, que maneja el 30% del presupuesto de la Generalitat, dispone de más de medio centenar de ficheros distintos con las bases de datos no sólo de los funcionarios a su cargo. Personal no docente, asociaciones de padres, académicos, becarios, premiados, impresores, arquitectos, familias que han recibido cualquier tipo de ayuda (beca, libros de texto...) quedan registrados y con ello, sus datos bancarios, la filiación sindical, el lugar de trabajo y las ponencias o publicaciones relacionadas. Existe también un fichero exclusivo para la provincia de Alicante.

El amplio debate social sobre los límites entre lo público y lo privado, desatado a raíz de la emisión del controvertido programa televisivo de El Gran Hermano (en el que una cámara vigila permanentemente la vida privada de un grupo de personas), tiene su correlato y, también, su reflejo más crudo en los propios archivos de la Adminstración. Basta leer con detenimiento la orden autorizada y firmada el pasado 28 de julio por la Consejería de Cultura y Educación -"por la que se crean, suprimen y modifican ficheros con datos de carácter personal gestionados por la consejería"- que se publicó hace apenas tres semanas, el pasado 3 de agosto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.En ella, la Administración educativa -a requerimiento expreso de la reciente Ley de Protección de Datos aprobada en diciembre de 1999- se ha visto obligada a hacer públicos, al menos un total de 50 ficheros diferentes con las bases de datos que contienen, no sólo las "fichas" del personal funcionario o docente de la consejería. Se trata de medio centenar de tipos diferentes de ficheros -cuyo campo de acción y descripción varía en función de las áreas- dedicados a registrar los "datos personales" de todo aquel ciudadano, entidad, empresa, profesional, becario, premiado, estudiante o familia que haya tenido relación con la dependencia.

Los ficheros referidos a las áreas o agentes sociales más importantes de la estructura educativa y que mueven la mayor parte de los recursos económicos y de personal humano en forma de nóminas, cargos o subvenciones, están asignados directamente a la Secretaría General o a la Subsecretaría. Éste es el caso de las Asociaciones de Padres de Alumnos (APA), Inspectores, o Expedientes. El resto dependen de sus correspondientes direcciones generales. Caso paradójico, y que la federación provincial de padres de alumnos FAPA-Valencia ha recurrido vía judicial es, precisamente el fichero relativo a las APA. Un tipo de entidades que por ley están obligadas a registrarse en el Registro de Asociaciones de Presidencia y, obviamente, ante su federación provincial y la conferación nacional, como entidades absolutamente desvinculadas de la Administración que son, pero que aparecen en el primer fichero de los 50 recién creados en la orden del 28 de julio con el nombre de "fichero GRAPA.MDB". Su "finalidad y uso previsto" consiste en recoger todos los datos, número de asociados, y nombres, apellidos y DNI de la junta directiva de todas las asociaciones de la Comunidad Valenciana. Esto es, sólo el volumen de las APA registradas de los colegios públicos supera las 900 asociaciones y representan a 1.500.000 padres y madres que pueden votar y ser votados en las elecciones a consejos escolares, lo que hace de éstas las votaciones más importantes después de las municipales en cuanto al volumen del censo electoral.

La Administración tiene también los datos del "personal no docente" referidos a su "puesto y lugar de trabajo". En otro "fichero GESCEN", donde se registran los datos de "la gestión de centros docentes no universitarios" el campo de acción abarca a "los datos de circunstancias sociales y de la situación familiar". Uno de los campos más "fichado" es el lingüístico: cursos, formación, centros, programas y servicios de enseñanza en valenciano, para los que hay más hasta diez archivos diferentes. En uno de ellos, por ejemplo, el formulario para rellenar el fichero donde se archivan las solicitudes personales de quienes desean presentarse a las pruebas de la Junta Qualificadora de Coneiximents de Valencià, exige, a parte de los datos habituales, "los datos de los examinadores" que le dieron el título de docente en valenciano que le permite pedir el certificado de la junta.

La aprobación de la ley estatal forzó a las administraciones autonómicas a hacer públicos los tipos de ficheros personales que manejan desde hace años. Pero no garantiza, por sí sola, que ésta haga públicos íntegros todos los archivos y ficheros que en realidad maneja. También prohibe el uso partidista, como se vió en la pasada legislatura, cuando se denunció que el PP valenciano usó el fichero de Bienestar Social para "invitar" a los jubilados de toda la Comunidad Valenciana.

La Ley de Protección, sin embargo, concede el derecho al ciudadano a pedir que sus datos personales, bancarios o las subvenciones recibidas correspondientes a un periodo determinado sean borrados, cuando éste haya concluido todo tipo de relación con este área de la Administración.