La Cámara acusa a las empresas adjudicatarias de atentar contra "la buena fe contractual"

Repercusiones ciudadanas

El concurso público para edificar la sede del Parlamento se lo adjudicó la unión temporal formada la constructoras madrileña ACS, controlada por el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y la navarra ACR precisamente por la celeridad con la que aseguraron que acabarían el proyecto. Sin embargo, a día de hoy apenas han ejecutado el 6% del total de la obra, que está prácticamente paralizada desde que el pasado 12 de junio se cayera una de las fachadas del viejo edificio de la Audiencia de Pamplona cuyo interior albergará algún día las modernas instalaciones de la Cámara legislativa.Con este panorama, y tras analizar con detalle el informe técnico elaborado por sus servicios jurídicos, la Mesa del Parlamento foral decidió ayer desestimar todas las alegaciones de las constructoras y proseguir con el expediente de rescisión del contrato. Éste fue adjudicado en abril del año pasado en 1.690 millones de pesetas y la Cámara se niega a incrementarlo en 600 millones más, tal y como pretenden las adjudicatarias, que justifican este importante encarecimiento por los defectos formales surgidos en el proyecto constructivo que recibieron.

El presidente del Parlamento foral, el socialista José Luis Castejón, aseguró ayer que la institución, encargada de crear las leyes, "no puede permitir" que se incumpla tan flagrantemente la legislación de contratos en el caso de su propia sede, que se levantará a escasos metros del futuro Auditorio-Palacio de Congresos y frente al Palacio de Navarra, sede del Gobierno.

No sólo no se aceptan los ataques lanzados por ACS y ACR al proyecto arquitectónico y a la dirección facultativa de la obra, sino que el Parlamento foral acusa a su vez a las adjudicatarias de no haber dispuesto nunca de medios propios en cantidad y calidad suficiente como para acometer los trabajos. En el informe jurídico se les tacha de "indolentes" y se asegura que han cometido un "claro atentado contra la buena fe contractual" del Parlamento, "desobedeciendo al máximo" y de manera "irreformable" las exigencias legales, hasta el punto de obligar a la rescisión del contrato, en un momento en el que el total abandono de las obras y las próximas lluvias de otoño amenazan con dañar aún más las inestables condiciones de conservación del edificio.

El Consejo de Navarra, órgano consultivo del Gobierno, deberá pronunciarse en un plazo de quince días sobre la rescisión, pero todos los partidos presentes en la Mesa (UPN, PSN, IU-EB, EA-PNV) tienen muy claro que sólo la unión de empresas ACS-ACR es la culpable de los enormes retrasos y consideran que las constructoras no tienen "ningún propósito de enmienda" sino todo lo contrario, ya que a medida que aumentaban los problemas han ido retirando personal de las obras hasta abandonarlas del todo.

La cuestión se ha complicado todavía más este año, ya que varias calles de las que rodean la vieja Audiencia y futuro Parlamento constituyen un eje esencial en el tráfico del centro de Pamplona y están cortadas desde la pasada primavera debido a estos problemas. Al mismo tiempo, la unión temporal de empresas recurrió judicialmente la decisión parlamentaria de no incrementar en 600 millones de pesetas el contrato de obras y el recurso está pendiente de resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que es donde puede terminar el conflicto.Cuando los parlamentarios navarros debían estar a punto de inaugurar el nuevo hemiciclo semisubterráneo de cristal que cerrará dos décadas y media de alquiler de locales y falta de infraestructuras, la realidad es que el proceso está en mantillas y la Cámara debe buscar una nueva empresa que se haga cargo de la obra. Para ello debe comenzar por ofrecer la posibilidad de acudir al nuevo concurso a las once firmas que optaron a la adjudicación en 1999.