Un taller en Gibraltar

El submarino británico de propulsión nuclear Tireless lleva más de tres meses amarrado en el puerto de Gibraltar, adonde llegó tras sufrir una avería en el sistema de refrigeración. En un principio, las autoridades del Reino Unido aseguraron que se trataba de una simple escala, ya que el Tireless sería reparado en los puertos especializados en sumergibles atómicos de Devonport o Faslane. Pero luego decidieron realizar la reparación en Gibraltar, para lo que desplazarían hasta a 60 expertos y un buque de asistencia, que lleva semanas atracado en el lugar.Pero aunque han pasado casi cien días, el Gobierno español no ha dicho ni palabra. No es extraño que los casi 250.000 ciudadanos que viven en las localidades limítrofes al Peñón se sientan abandonados. Magro consuelo es que los británicos afirmen que el riesgo de accidente es mínimo. Ni los habitantes de la colonia ni los del Campo de Gibraltar quieren correr ese mínimo riesgo. Y nadie se explica que si existen puertos especializados en este tipo de delicadísimas reparaciones, no se lleve a ellos el submarino.

Hasta el momento, las mediciones del agua no han mostrado rastros de radiactividad. Pero tampoco nadie puede garantizar al cien por cien que cuando se inicien los trabajos de reparación, dentro del escudo de aislamiento del reactor, no se produzca un fallo que ponga en peligro la seguridad de las personas, por no hablar del deterioro de las aguas del Estrecho, en donde se ganan la vida miles de pescadores. Súmese a ello el hecho de que el Gobierno no ha previsto ningún tipo de plan de emergencia para la zona.

La única respuesta por ahora del Ejecutivo es la reunión, prevista para hoy, del subdelegado del Gobierno en Cádiz, junto a un representante de la Armada y otro de Exteriores, con los siete alcaldes del Campo de Gibraltar. Tampoco la Junta de Andalucía ha estado muy rápida de reflejos: sólo la semana pasada envió su presidente, Manuel Chaves, una carta al titular de Exteriores, Josep Piqué, pidiéndole que el Tireless sea reparado en su propio país. El Gobierno central tiene que ser firme en este punto: si hay riesgo, aunque sea mínimo, que lo asuman los propietarios del submarino, no los habitantes del Estrecho, que ya tienen bastantes problemas últimamente.