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Editorial:

Reforma de RTVE

El Consejo de Estado ve problemas de inconstitucionalidad en el intento gubernamental de modificar por decreto el actual estatus del la radio y la televisión públicas. El proyecto consistiría en traspasar la gestión financiera del Ente RTVE a la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, y fijar su dependencia funcional del Ministerio de la Presidencia. La SEPI, heredera del antiguo INI, agrupa a las empresas en cuyo capital participa el Estado. El objetivo es sanear RTVE con fondos de ese holding como punto de partida para una gestión más ajustada (la deuda acumulada suma ya más de 650.000 millones de pesetas). Sin embargo, la forma como se quiere hacer plantea problemas de legalidad, y también políticos. Así lo ha hecho saber el Consejo de Estado en un dictamen sobre dos borradores de decreto-ley. El Consejo recuerda al Gobierno algunos principios básicos, políticos y legales, que nunca debió olvidar. Primero, que un decreto-ley debe estar justificado en razones de urgencia y extrema necesidad, lo que no parece ser el caso de RTVE, cuya angustiosa situación viene de lejos. Y segundo, que un decreto no puede modificar normas de rango superior -ley 5/1996, de 10 de enero, que fija el Estatuto de la SEPI, y ley 4/1980, que concreta el Estatuto de RTVE-, lo que sucedería si el Gobierno persistiera en su empeño.

El Consejo de Estado recuerda también al Ejecutivo que en un tema tan sensible como es RTVE, cuyo control corresponde por ley al Parlamento, conviene seguir el cauce natural y legal, que no es otro que acudir al Congreso y al Senado para presentar las iniciativas legales que crea más adecuadas, discutirlas y alcanzar el mayor consenso político posible. Lo contrario, advierte el Consejo, podría vulnerar, incluso, la Constitución. Los socialistas ya han exigido al Gobierno que presente un proyecto de ley, y han criticado la escasa operatividad de la subcomisión para la reforma del Estatuto de RTVE, constituida durante la pasada legislatura. Aunque el PP tenga mayoría absoluta, los socialistas consideran que el Gobierno tiene miedo al debate, y de ahí el recurso a procedimientos tan descarnados, de los que ni siquiera estaba informado el actual director general del ente, según propia confesión.

En su programa electoral, el PP proponía "un amplio acuerdo parlamentario" para reformar el Estatuto de RTVE y dotarle de "un modelo de organización y gestión que asegure la observancia de los principios de objetividad, imparcialidad y respeto al pluralismo". También se aludía a un sistema de financiación que "haga compatibles los principios de competencia y libre mercado con los de servicio público". La prueba de que no resulta fácil compaginar esos objetivos es que todos los directores generales, y los gobiernos que les han nombrado, han fracasado en el intento. La deuda crece de manera exponencial (dobla ya la de hace tres años) y los principios proclamados sólo brillan por su ausencia. Es un problema grave. Pero intentar resolverlo por decreto, sin debate y sin consenso, no es realista y ni siquiera conforme a la ley. El Consejo de Estado ha hecho bien en recordárselo al Gobierno.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 20 de agosto de 2000