"Aumenta las garantías"

José Luis Mazón, el abogado que ha obtenido el dictamen del comité favorable a su cliente, manifestó ayer que la resolución "va a beneficiar a miles de personas que se verán afectadas por la reforma de la ley, que aumentará las garantías de las personas condenadas por las audiencias provinciales o la Audiencia Nacional".Mazón considera que la importancia del caso puede ser similar a la de la sentencia del Tribunal Constitucional que en 1988 declaró inconstitucional la acumulación de funciones instructoras y juzgadoras en los procesos penales.

Según el letrado, "por el deber de respeto al Tratado, lo lógico sería que el Supremo paralice los recursos de casación penales en curso, pues al estar el defecto en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal están viciados de contravención del artículo 14.5 del Pacto".

Fuentes judiciales recordaron que en el conjunto de propuestas de reforma de la justicia planteadas por el Consejo General del Poder Judicial consta que "en la jurisdicción penal, en todo caso, el sistema de recursos garantizará la segunda instancia". Éste es el tercer dictamen condenatorio para España desde que entró en la jurisdicción del Comité de Derechos Humanos.