El Tribunal Superior prohíbe instalar los restos de Rementeria en el Ayuntamiento de Markina

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco prohibió ayer de forma cautelar que se instale la capilla ardiente del etarra Patxi Rementeria en el Ayuntamiento de Markina (Vizcaya). Fue la respuesta fulminante al recurso de la Delegación del Gobierno para impedir que el terrorista sea homenajeado en la sede de una institución democrática. El alcalde, Ángel Kareaga, del PNV, aceptó por "amenazas" ese acto y el Gobierno de Vitoria aseguró que no tiene competencia para revocarlo. El tribunal ha citado a las partes el lunes para escuchar sus argumentos antes de adoptar una decisión definitiva.

El alto tribunal vasco acordó en una reunión celebrada ayer suspender la ejecución del acuerdo del Ayuntamiento de Markina de ceder el salón de plenos para instalar la capilla ardiente del etarra Patxi Rementeria. En su auto, alegan los jueces que el Ayuntamiento, que acordó también la cesión de "megafonía e infraestructura para el homenaje", se excedió en sus facultades, pues este tipo de ayudas "no se corresponden, en apariencia, con el ejercicio de ninguna de las competencias legalmente atribuidas a las Corporaciones Locales en materia de prestaciones funerarias".La sala declara que "la inminencia de las exequias del fallecido integra el supuesto de especial urgencia" para resolver la petición realizada por la Delegación del Gobierno en el País Vasco ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior. El próximo lunes deberán comparecer ante el tribunal representantes de la corporación municipal y de la Delegación del Gobierno. Entonces se adoptará una resolución definitiva.

La Abogacía del Estado presentó ayer un recurso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del máximo tribunal vasco en el que solicitaba que se adoptara esta medida cautelar. El pasado miércoles, el Ayuntamiento de Markina, con los votos de PNV, EA y EH acordó ceder el salón de plenos para instalar la capilla ardiente de Rementeria.

El etarra falleció el 7 de agosto en Bilbao al estallar los explosivos que él y otros tres miembros del comando Vizcaya -Ekain Ruiz Ibarguren, Zigor Aranbarri Garamendi y Urko Gerrikagoitia Agirre-, también muertos, llevaban en el interior de un vehículo.

El Gobierno presentó el recurso después de haber solicitado al Ayuntamiento de Markina el acta del pleno para poder determinar las posibles vulneraciones del ordenamiento jurídico, pero sin esperar a que transcurriera el plazo de seis días que éste tenía para remitirle el acta oficial del acuerdo. El recursos se basó en los artículos 65 y 66 de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 y del artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el primero se afirma que cuando la Administración del Estado o de las comunidades autónomas consideren que un acto o acuerdo de alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico podrá requerirla para que anule dicho acto.

Vitoria se inhibe

Antes de que el Tribunal Superior suspendiese el acuerdo, el Ejecutivo de Vitoria dejó claro que no estaba dispuesto a adoptar ninguna medida para impedir su ejecución. "El Gobierno vasco no tiene competencia ni capacidad para anular acuerdos municipales", afirmó su portavoz, Josu Jon Imaz, cuando se le preguntó sobre el tema. Y ello, a pesar de que se le recordó expresamente el artículo 65 de la Ley de Bases de Régimen Local, que faculta para presentar recurso a las comunidades autónomas. Imaz lamentó el acuerdo adoptado por el consistorio de Markina, pero se limitó a subrayar que la Consejería vasca de Interior velaría "por el cumplimiento de la legalidad en el resto de los actos que se lleven a cabo en Markina".El portavoz no quiso hacer valoraciones sobre el recurso presentado por el Gobierno central. Una posición bien distinta a la de las asociaciones de jueces, que apoyaron la inicitaiva. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Luis Requero, dijo que tanto la Administración del Estado como el Ejecutivo vasco "tienen potestades suficientes para dejar sin efecto un acuerdo que se haga en contra de los intereses generales". José María Fernández, de Jueces para la Democracia, subrayó que el Estado de derecho "tiene mecanismos más que suficientes para evitar esta situación de impunidad, de insulto a las víctimas, de provocación a los demócratas".

La batería de acción legales se completó con la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a instancias del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de abrir diligencias para determinar si el acuerdo del Ayuntamiento de Markina es constitutivo de delito. El Ministerio Público ha solicitado al consistorio vizcaíno el texto del acuerdo y las identidades de los firmantes de ese pacto. Entre los presuntos delitos a investigar figurarían los de apología del terrorismo, colaboración con banda armada y amenazas o coacciones, denunciadas públicamente por el alcalde.