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El PP pasa del proyecto electoral a los hechos por vía de decreto

El programa electoral con el que el PP acudió a las elecciones generales de marzo pasado definía la actual regulación del sector público audiovisual como "claramente insatisfactoria". Por ello, el partido que preside José María Aznar expresaba su voluntad de cambiar la situación con "un amplio acuerdo parlamentario para reformar el Estatuto de RTVE y adoptar un modelo de organización y de gestión que asegure la observancia de los principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad y respeto al pluralismo, garantice su carácter de servicio público y establezca un sistema de financiación que haga compatibles los principios de competencia y libre mercado con los de servicio público".En principio, la vía elegida para modificar el actual estatus de RTVE, el decreto, choca frontalmente con esa voluntad expresada de buscar "un amplio acuerdo parlamentario". Así lo ha puesto de relieve el crítico dictamen del Consejo de Estado.

Los dos borradores de decreto elaborados por el Gobierno tienen algunas diferencias. En el primero no modifica, al menos de forma explícita, el Estatuto de RTVE, recogido en la Ley 4/1980 de 10 de enero; mantiene las actuales funciones del director general de RTVE, alude a la "dependencia funcional" del ente del Ministerio de Presidencia y atribuye a la SEPI funciones genéricas sobre "el control de la gestión empresarial" y "la obtención de mayor rentabilidad" en RTVE.

Modificaciones

El segundo es más complejo. Mantiene las líneas generales del primero, pero avanza un paso. Así, por ejemplo, modifica el artículo 11 del Estatuto de RTVE, relativo a las funciones del director general, y otorga amplios poderes a la SEPI en RTVE -elaborar el plan anual de trabajo y la memoria económica anual-, hasta el punto de establecer que "deberá autorizar los contratos de más de 500 millones de pesetas y los pagos y gastos de más de 300 millones". La opinión del Consejo es desfavorable a ambas propuestas.Cuando el pasado mes de julio se conocieron públicamente los planes del Gobierno para RTVE y surgieron las primeras críticas, el Ejecutivo rehusó hacer valoraciones y se remitió a declaraciones anteriores del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien había defendido que RTVE pasara a depender de su departamento y de la SEPI porque es donde reside la capacidad de gestión de las empresas públicas.

Por su parte, el actual director de RTVE, Javier González Ferrari, dijo que "no se va a privatizar nada" y aseguró que "en ningún momento se ha hablado nada de la SEPI".

El PSOE, sin embargo, dio por sentado que en torno a RTVE se está librando una pugna entra departamentos ministeriales y adelantó que vigilará para que no se vulnere el Estatuto del ente público.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de agosto de 2000