Anfitrión de la esperanza
"Sólo nos queda luchar"
A José Luis Rodríguez no le hace falta viajar al Tercer Mundo para ser solidario. Con su trabajo desde Málaga, este abogado de 34 años se ha convertido en la voz de los inmigrantes, en el defensor de sus derechos y en un crítico sólido y contundente contra la política inmigratoria del PP. Fue el autor de la querella contra la Subdelegación del Gobierno por la polémica expulsión de los 103 subsaharianos sedados con Haloperidol y quien, en la etapa socialista, denunció las pésimas condiciones del centro de internamiento de Capuchinos. Desde hace tres años preside Andalucía Acoge.Con tanta serenidad como firmeza, exige un pacto de Estado en materia de inmigración, llama a la movilización contra el proyecto de Ley de Extranjería y anuncia que su organización presionará a las instituciones competentes para que presenten recursos de inconstitucionalidad cuando se apruebe la norma. Además, lanza una advertencia con vistas al futuro: los argumentos de los políticos contra la inmigración pueden alentar la xenofobia y ser la justificación que buscan los violentos.
Sencillo, afable y coherente, cuenta que su vida cambió una tarde de 1990 en la calle Granada. Allí se encontró con una amiga que le contó que acababa de fundarse Málaga Acoge y que necesitaban abogados. Hacía poco que había acabado la carrera y pensó que podía prestar cuatro horas de asistencia jurídica gratuita a la semana. No tardó en descubrir lo que él llama su compromiso político. Colaboró como voluntario de base, llegó a la presidencia de Málaga Acoge y en 1997 fue elegido para dirigir la organización en Andalucía.
Dada su trayectoria, no sorprende su malestar con las afirmaciones del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, quien justificó la reforma de la ley en la necesidad de dejarse de buenos sentimientos y ser realistas frente al fenómeno de la inmigración. "Un ministro no puede permitirse el lujo de decir esas barbaridades, porque lo único que puede provocar es un sentimiento de rechazo hacia el inmigrante y hacer mella en la convivencia pacífica. Los políticos tienen que ser responsables porque sus palabras pueden ser malinterpretadas o utilizadas por los violentos, que pueden encontrar la justificación a su conducta en esos argumentos demagógicos".
Cree que es necesario "el consenso de todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil para que el tema no sea un arma arrojadiza ni se use electoralmente". Y añade: "Éste es un tema que más bien quita votos, por eso nadie quiere enarbolar los derechos de los inmigrantes porque pueden salir escaldados. Pero tampoco es lícito que usen esa bandera para ganarlos. De ahí la necesidad de un pacto de Estado donde todos tengamos que renunciar a planteamientos para que el único que salga ganando sea el inmigrante".
Para el presidente de Andalucía Acoge, "si la parte más poderosa no asume esa propuesta de pacto, a los demás no nos queda más que luchar con uñas y dientes frente al avasallamiento de los derechos de estas personas". En este argumento fundamenta Rodríguez su llamamiento a la movilización contra el proyecto de ley. "Tenemos que oponernos con los instrumentos jurídicos a nuestro alcance, pero también hay que salir a la calle a protestar. Es una batalla perdida, pero más vale morir de pie que vivir arrodillado".En este frente, anuncia que tan pronto como se apruebe la ley, Andalucía Acoge instará a los grupos parlamentarios y al Defensor del Pueblo a presentar recursos de inconstitucionalidad. Como abogado justifica esta decisión en que la reforma no sólo discrimina entre inmigrantes legales e ilegales, sino también según su capacidad económica al negar el derecho a justicia gratuita. "Un ilegal rico se podrá ir a un abogado, pero el pobre no", critica.
Rodríguez rechaza que la actual Ley de Extranjería haya tenido un efecto llamada sobre los inmigrantes. En su opinión, el incremento de pateras obedece al proceso de regularización y al cierre de la frontera de Ceuta y Melilla, que ha desviado los flujos migratorios hacia Canarias y el Estrecho. "Estoy convencido que esos inmigrantes no se han leído la ley ni saben qué derechos les reconoce. Si la justificación del Gobierno para la reforma es frenar las pateras, va a llevarse un estrepitoso fracaso".
No cree que haya que endurecer las penas contra las mafias que introducen inmigrantes, aunque sí reclama a las administraciones más medios para la lucha contra ese tráfico humano y protección social para los testigos que colaboran en su desarticulación. A los miles de personas que colaboran con ONGs les pide que no se limiten al trabajo voluntario y que den un paso más, que adopten un posicionamiento político coherente y voten a aquellas opciones que defiendan los derechos humanos de los inmigrantes. Rodríguez hace una reflexión: "Es un drama humano. No podemos acostumbrarnos a los ahogados en el Estrecho.Tenemos que poner nuestro empeño para que no ocurra. Somos pequeñitos, pero intentaremos poner nuestro granito de arena a través de la sensibilización y la denuncia permanentes".
