Interior detecta una campaña de la izquierda 'abertzale' contra Garzón

La izquierda abertzale está diseñando una campaña de movilizaciones para "descalificar" la reciente resolución del juez Baltasar Garzón que establece que el diario Gara "es el proyecto informativo que sustituye a Egin" y la relación de sucesión empresarial entre las respectivas sociedades editoras, según consta en un informe policial de Interior. La campaña incluye la creación de un estado de opinión en el País Vasco contrario al magistrado.

Campaña contra Garzón

El pasado 20 de julio, el juez Baltasar Garzón dictó un auto en el que estableció la continuidad entre los proyectos empresariales de los grupos Orain-Egin y EKHE-Gara, por lo que la editora de Gara, EKHE (Euskal Komunikabideen Hedapenerako Elkarte), debería hacerse cargo de las deudas de unos mil millones de pesetas que Orain-Egin mantenía con la Seguridad Social y distintos proveedores y las derivadas del pago de indemnizaciones pendientes.Según el informe de la Unidad Central de Inteligencia de la Dirección General de Policía, Garzón ya ha ordenado al Fondo de Garantía Salarial que no pague los más de 250 millones de pesetas pendientes a los antiguos trabajadores de Egin, que deberán ser asumidas por la editora de Gara.

Las repercusiones que el auto de Garzón puede tener sobre la viabilidad del diario Gara son evaluadas en el informe, que explica que la editora EKHE, con un capital social de 1.200 millones de pesetas, difícilmente será viable si asume los mil millones de deuda originados por el entramado Orain, por lo que "los gestores de Gara consideran que es la misma existencia del periódico portavoz del MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco)la que se ve comprometida".

La decisión de Garzón implica, de hecho, la paralización de cualquier iniciativa económica del grupo EKHE, actualmente en pleno proceso de expansión (cambio de rotativas, mejora de instalaciones, creación de emisoras de televisión, compra de diarios en Latinoamérica...), tanto por la posible necesidad de liquidez como por la pérdida de confianza de las entidades de crédito.

"Los administradores de Gara", añade, "consideran que la vinculación directa del periódico con ETA supone una pérdida de credibilidad y un fracaso en su intento de constituirse en referencia de otras audiencias nacionalistas no asociadas directamente con el MLNV".

Con el fin de minimizar estas consecuencias, el informe policial señala que "desde la izquierda abertzale" se plantea una campaña de movilizaciones para descalificar jurídicamente la resolución y la figura del propio magistrado. Para ello, se plantea el origen de la resolución como "una iniciativa del ministro del Interior, dentro de la estrategia de acoso de la Administración central contra el nacionalismo vasco", para hacer inviable la publicación de Gara. Desde las páginas del rotativo se intentan desacreditar los razonamientos jurídicos del auto, planteando el mismo como una persecución política, al tiempo que se busca el apoyo de otros medios nacionalistas (ETB, Deia...) para afirmar "que esta decisión es sólo un ataque contra un medio de comunicación vasco y, por extensión, enmarcar estas actuaciones dentro de una guerra contra la prensa nacionalista, liderada por el Grupo Correo".

Con esta acción, según el informe, se pretendería desacreditar las presuntas vinculaciones del grupo EKHE con el entramado financiero de ETA-KAS que describe el auto de Garzón y señalar como centro de los ataques al Grupo Correo, "considerado por el MLNV como especialmente hostil a las estructuras y plataformas defensoras del Pacto de Lizarra".

Entre las acciones específicamente diseñadas contra Baltasar Garzón estarían, según el informe policial, la difusión de que el auto es una venganza personal del magistrado contra el abogado Kepa Landa (consejero secretario de EKHE), que buscaría la recusación del juez y su apartamiento del sumario; el planteamiento de múltiples demandas a la americana contra Garzón por daños y perjuicios y la creación de un estado de opinión en el País Vaco contrario al magistrado, con apertura de foros en Internet para descalificarle públicamente.

Según fuentes de la Audiencia Nacional, Garzón ha dado traslado del informe al Ministerio Fiscal por si las acciones que describe tuvieran contenido delictivo.