La juez del 'caso Zamora' ordena a los peritos investigar las cuentas y la financiación del PP

La juez Raquel Blázquez, instructora del caso Zamora (presunta financiación irregular del PP mediante el cobro de comisiones por la adjudicación de obras) desde finales de junio, ha ordenado a los dos peritos nombrados por la Agencia Estatal Tributaria para esta causa que investiguen las cuentas y la financiación del PP zamorano. Asimismo, ha dispuesto para septiembre las declaraciones de una veintena de personas, entre ellas los ex parlamentarios populares José Manuel Peñalosa Ruiz y Dionisio García Carnero, que aparecen como imputados en las diligencias.

Nuevas citaciones

La juez Raquel Blázquez, del Juzgado número 1 de Zamora, encargada de la instrucción del caso Zamora como sustituta natural del titular del 4, de baja por enfermedad, ha dictado un auto en el que, antes de las vacaciones judiciales, deja dispuesto el trabajo de rastreo contable de la financiación del PP y, particularmente, de "las donaciones, aportaciones de cargos electos y los ingresos a gestionar".Los dos peritos designados por la Agencia Estatal Tributaria -un funcionario de Zamora y otro de Valladolid- han recibido la orden de determinar los ingresos del PP de 1988 a 1995. En ese sentido, deberán informar sobre los relativos a "donaciones o aportaciones de terceros y de cargos electos, cuantía y fecha de las mismas e identidad del aportante o donante, y reflejo contable y / o bancario de las mismas, así como identificación de los abonos en las cuentas que correspondan a Ingresos a Gestionar".

Según dispone la instructora, los peritos tendrán que ofrecer además "el resultado de la confrontación entre los ingresos anuales en las cuentas del PP, depurados los traspasos existentes entre ellas, con los ingresos anuales que figuran en la contabilidad aportada". Asimismo, añade, "en el supuesto de que las cuantías abonadas en las cuentas superasen los ingresos contabilizados", han de "determinar su procedencia a partir de la documentación bancaria justificante de los abonos efectuados".

Al tiempo, y para la práctica de la prueba acordada, Blázquez requiere al gerente provincial del PP, José Vicente Maíllo, para que en diez días aporte "los libros contables y los inventarios anuales de bienes correspondientes a los años de 1990 a 1993" y le advierte de un posible delito de desobediencia si lo incumple, ya que le recuerda que sólo ha aportado la contabilidad de 1994 a 1998 pese a los requerimientos anteriores del Tribunal Supremo.

El auto acompaña nuevas diligencias por las que es llamada a declarar entre septiembre y principios de octubre una veintena de personas. Entre los citados para el 4 de octubre están el actual dirigente popular castellano-leonés y portavoz en las Cortes regionales, Juan Vicente Herrera, y el contable de la sede zamorana, Pedro Alonso Hernández, ambos como testigos.Las citaciones incluyen como imputados a los ex parlamentarios cuya renuncia, en abril de 1999, hizo que el Supremo perdiera la competencia sobre el caso. La comparecencia del ex senador y actual presidente provincial del PP, Dionisio García Carnero, será el 13 de septiembre y la de José Manuel Peñalosa, ex portavoz en la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, para el 28 del mismo mes.

Antes, el constructor Miguel Vecino Cordero, uno de los tres empresarios a los que se menciona como donantes de cheques al presidente del Gobierno, José María Aznar, cuando era candidato a la Junta de Castilla y León, en 1987, será el que abra la nueva ronda el 7 de septiembre.

También deberán comparecer como imputados el constructor Ezequiel de la Rosa, el 14 de septiembre, y el técnico jefe del área de Obras de la Diputación, Ángel Macho Jiménez, el 19.

En total, se ha citado a 22 personas, entre imputados y testigos, entre el 7 de septiembre y el 5 de octubre.

Por otra parte, la juez incluye en su auto la petición al Juzgado número 3 de Zamora de una cinta magnetofónica, cuyo contenido no se especifica, que fue aportada por Eduardo Corrales Cavarrot dentro de las diligencias abiertas a raíz de la querella que presentaron el PP y Aznar contra dicho constructor, denunciante del caso, y que ha sido archivada recientemente al retirar su acción el presidente.

En septiembre, además, Blázquez deberá responder a la petición del fiscal jefe de Zamora, Rafael Álvarez Cienfuegos, para que se formen piezas separadas con cada uno de los hechos objeto de investigación. Una petición de la que recela la acusación particular, ejercitada por el PSOE, y de la que tampoco es partidaria la defensa de algún imputado. Los socialistas entienden que esa propuesta puede dispersar "la unidad de actuación", según el letrado Jacobo Echeverría.

La defensa de los imputados García Carnero y Aurelio Tomás, que ejercita Juan Ramón Montero, abogado del PP, presentó el lunes varios recursos contra resoluciones de la instructora. Entre ellos, uno contra un auto en el que rechazó la nulidad de actuaciones del caso, desestimó el archivo de la causa para Carnero y Tomás y mantuvo la investigación de la compra irregular de un escáner para el hospital de la Diputación. Un auto en el que también se acordó, por ser "cosa juzgada", la exclusión de las diligencias sobre la compra del voto del ex diputado tránsfuga socialista José Luis Antorrena, que permitió gobernar a Alianza Popular la Diputación en 1987 en contra del pacto PSOE-CDS.