La CNMV concluye que no hay "indicios" de que Villalonga usase información privilegiada

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cerró ayer sin cargos la investigación abierta a Juan Villalonga, ex presidente de Telefónica, por un supuesto uso de información privilegiada en 1998. El consejo de la CNMV concluyó que "los hechos y circunstancias puestos de manifiesto en el procedimiento de investigación no constituyen indicios suficientes que justifiquen la incoación de un expediente sancionador por uso indebido de información privilegiada".La decisión de la CNMV se produjo, según la nota emitida a las siete de la tarde, "por unanimidad" de su consejo y tras recibir el informe emitido por los instructores del expediente informativo. El comunicado explica que la "investigación trataba de averiguar posibles infracciones de la Ley del Mercado de Valores como consecuencia de las compras, en 1998, de opciones sobre acciones de Telefónica y otras acciones cotizadas".

Villalonga adquirió 198 millones de pesetas en opciones de Telefónica (264.244 títulos) en 1998 con un crédito del grupo Argentaria mientras negociaba en secreto una fusión con la estadounidense MCI-WorldCom. El consejero independiente de Telefónica Alberto Cortina realizó una operación similar por la misma cuantía. Villalonga ganó así 21,3 millones de pesetas en sólo 14 días, ya que decidió vender sus títulos antes del vencimiento de los contratos. Lo hizo después de que el presidente de la CNMV, Juan Fernández-Armesto, le recomendara que diera a conocer públicamente su actuación, a pesar de no estar obligado legalmente. Ayer, la CNMV recordó que las modificaciones a la Ley del Mercado de Valores introducidas en diciembre de 1999 obligan a los consejeros -como Villalonga y Cortina- a notificar al mercado la adquisición de opciones.

Acciones coincidentes

El resultado de las pesquisas concluidas ayer es el mismo que obtuvo la CNMV en 1998, cuando Fernández-Armesto conoció por primera vez los hechos. La investigación se cerró entonces "sin indicio alguno de infracción", pero el presidente de la CNMV, dependiente del Ministerio de Economía, decidió reabrir el caso el pasado 16 de junio. Entre una y otra actuación se ha producido un hecho de capital importancia: el deterioro de las relaciones de Villalonga con el Gobierno que le nombró presidente de Telefónica en 1996.De hecho, la reapertura del caso fue la puntilla para la carrera en Telefónica de Villalonga, enfrentado al Ejecutivo desde que estalló el escándalo de las opciones sobre acciones (stock options) en la compañía a finales de 1999. Villalonga dimitió el pasado 26 de junio de la presidencia de Telefónica, con indicios suficientes de que la CNMV no encontraría cargos contra él. En la investigación han sido determinantes las informaciones facilitadas a la CNMV por MCI WorldCom, cuyo presidente (Bert Roberts) es consejero de Telefónica.

Todavía no se conocen claramente las razones por las que Fernández-Armesto tomó la decisión de reabrir el expediente. Sin embargo, como reconoce la nota difundida ayer por la CNMV, la orden de reabrir el expediente coincidió con la aparición de informaciones sobre las actividades financieras de Villalonga en el diario El Mundo. Aún así, la orden de Fernández-Armesto no se conoció públicamente hasta el 21 de junio, coincidiendo con unas declaraciones desde Lisboa del presidente del Gobierno, José María Aznar, alentando la investigación. Ese día, "el consejo de la CNMV ratificó la decisión tomada por el presidente el 16 de junio", según la nota difundida ayer por el órgano supervisor.

La reapertura del expediente ha desatado además un crisis interna en la CNMV después de que su vicepresidente, Luis Ramallo, acusara a Fernández-Armesto de ocultar información al Consejo y de ser reticente a iniciar la investigación en junio pasado. La respuesta de Fernández Armesto fue solicitar su comparecencia inmediata en el Congreso para explicar su actuación. Ésta no se producirá hasta septiembre debido a la resistencia del Grupo Popular a que tuviera lugar antes de que se conociera el resultado de la investigación.

Los portavoces oficiales de Telefónica se limitaron a señalar que no tienen "absolutamente nada que decir" sobre la decisión.