El 29% de las medidas judiciales dictadas en 1999 contra menores infractores fue de internamiento

Privatizaciones sociales

Los jueces de menores dictaron durante el año pasado 1.383 medidas contra menores de edad que habían cometido algún tipo de delito o falta, dirigidas a lograr su reintegración social. El 29,4% de estas resoluciones correspondió a órdenes de internamiento en alguno de los dos centros específicos de Andalucía: La Jara, en Sevilla, y Azahara, en Córdoba.El internamiento puede ser en régimen abierto, cerrado o semiabierto, al que se suma una cuarta modalidad prevista en la ley con fines terapéuticos, que consiste en la asistencia especializada a los jóvenes que padecen alteraciones psíquicas o alguna toxicomanía.

La mayoría de las medidas judiciales correspondió a casos de libertad vigilada -692-, en los que el menor sigue residiendo en su domicilio, aunque bajo el control de técnicos que se encargan de su rehabilitación y de corregir los factores que le empujaron a cometer la infracción. La Consejería de Asuntos Sociales es la encargada de hacer cumplir las medidas acordadas por los jueces de menores, incluidos los servicios en beneficio de la comunidad -el año pasado se impusieron 262-, que sólo se dictan si el menor da su consentimiento.

Estas prestaciones se ejecutan a través de convenios de colaboración entre Asuntos Sociales, ayuntamientos, empresas y entidades sin ánimo de lucro. Otros 21 menores recibieron tratamiento ambulatorio por orden judicial para disponer de asistencia médica por problemas de alcoholismo, drogadicción o alteraciones psíquicas.

Por otra parte, el sindicato Comisiones Obreras denunció ayer la política laboral del consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, y "el sistemático pasotismo" de la Junta de Andalucía en relación con los servicios sociales. La central asegura que la consejería perjudica el funcionamiento de los servicios sociales dirigidos a los colectivos más desfavorecidos, como los mayores y menores, en la delegación provincial de Sevilla al "detraer de la plantilla a 89 trabajadores" y sobrecarga al resto del personal al tener que "duplicar y triplicar sus esfuerzos". Además de acusar al nuevo equipo de Pérez Saldaña de "inactividad", la organización sindical lamenta que la dirección de Asuntos Sociales mantenga "los antiguos hábitos de la privatización de unos servicios básicos para el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria".