Las palabras no se las lleva el viento

A José Segarra, el tío Lluesma, de 82 años, la edad le ha obligado a cambiar las hortalizas por las flores. En su parcela de huerta de La Punta, este llaurador de tota la vida convierte las aguas sucias que desecha Valencia a través de la acequia de Rovella, en calas, un recio lirio blanco. Desde hace seis años José y su mujer, Salvadora, desconocen cuánto tiempo más vivirán en una casa que ya pertenecía a sus abuelos. Con otros 443 propietarios de La Punta, han sido expropiados. La Generalitat, el Ayuntamiento y el Puerto de Valencia tienen previsto construir una Zona de Actividades Logísticas sobre 700.000 hectáreas de huerta, antes calificadas como suelo de especial protección, donde se ubicarán 70 industrias anejas al puerto. El brazo ejecutor de la Administración será la empresa VPI Logística, que invertirá 20.000 millones de pesetas en un proyecto que supondrá unos 1.000 puestos de trabajo. Iberdrola también prevé construir una subestación eléctrica que abastecerá de energía a la zona de la Ciudad de las Ciencias y a la misma ZAL.Ambos proyectos no han dejado de levantar ampollas desde que se hicieron públicos. Ecologistas, partidos políticos de la oposición, sindicatos, asociaciones cívicas y afectados agrupados en la Asociación de Vecinos La Unificadora de La Punta se han pronunciado enérgicamente contra la ubicación de la ZAL y de la eléctrica en la huerta y están en trámites legales para impedir su construcción. Los expertos afirman que la huerta actúa como un pulmón para Valencia y que su desaparición elevará en dos grados centígrados la temperatura de la ciudad. "Si esta zona rural siempre ha sido protegida por ser una bolsa verde de suelo", opinaVíctor Navarro, de Acció Ecolgista-Agró, "ahora, que Valencia tiene menos espacios verdes, debería ser protegida con más motivo". Los ecologistas sostienen que la ZAL afectará a los acuíferos y aves del parque Natural de l'Albufera, cuya Junta Rectora no ha sido consultada sobre su ejecución. Según Navarro, el estudio de impacto ambiental que hizo la Consejería de Medio Ambiente "era inefable, no podía recibir ese nombre. Las especies que citaba estaban mal escritas y se omitían algunas protegidas como los murciélagos".

Con la ZAL se irá un espacio verde y una parte importante del patrimonio cultural e histórico de Valencia. Más de la cuarta parte de la barracas que quedan en Valencia -15 de un total de 55 edificios de interés arquitectónico-, según un catálogo elaborado en 1993, se localizan en las huertas de Perú-La Punta i Clero-Nazaret, y quedarán enterradas bajo un polígono industrial. José muestra orgulloso la fotografía de su abuelo frente a una barraca, convertida en la alquería que ahora es su vivienda. Con la ZAL está prevista la construcción de viviendas para realojar a los desplazados. Lo que más indigna a José es el mal trato que está dando Valencia a los labradores: "Nosotros hemos proporcionado servicio de verdura a la ciudad, dando lo mejor y quedándonos con lo peor, y ahora nos tratan así. Ni una indemnización, nadie nos ha preguntado dónde queremos vivir. Un piso será como estar encerrrado en una jaula".

"Rodilla en tierra"

Los críticos con la ZAL se quejan de que no se haya encontrado un lugar más idóneo para su ubicación. De hecho, existe otro proyecto para construir en el futuro una de mayor tamaño en el Megaport de Puerto de Sagunto y Valencia. La de La Punta quedará así como una pequeña ZAL que las Autoridad Portuaria considera necesario tener junto al puerto. Los afectados sospechan de oscuras tretas especuladoras y urbanísticas. "Esta tierra no es para la ZAL", se quejan cuando les preguntan sobre el proyecto, "nos la quieren quitar y dentro de 10 años Valencia estará aquí".Amparo Molins, de 33 años, es economista y, siguiendo la costumbre en la huerta, ha restaurado con su hermana una casa junto a la de sus padres en La Punta. En la parte trasera de la vivienda se extiende un mar de huerta; en la delantera, el muro metálico de los contenedores de transporte marítimo-terrestre del puerto, que frenan la brisa y tapan el frente marino. La estrategia de Amparo y de su hermana ha sido la de "rodilla en tierra". "Hace años empezaron las presiones para tirarnos; nos apetecía restaurar la casa y lo hicimos. Llevamos ocho años viviendo aquí. Acabamos de arreglar las ventanas". La sospecha siempre es la misma: "Esta tierra es la yema del huevo, el lugar idóneo para hacer adosados. Lo más gracioso es que nosotros estemos luchando solos por algo que es patrimonio de todos los valencianos", se queja Amparo.

Los vecinos de La Punta han sufrido durante años las desventajas, que no las ventajas, de vivir en una zona calificada como protegida, patrimonio histórico de Valencia. "Si se te rompía un tejado, no podías arreglarlo, si querías arreglar el porche para hacerle una vivenda a tus hijos, tampoco podías hacerlo. De esa manera han ido dejando que se caigan las casas, que no se renueve la población, que muera la huerta", explica malhumorada Carmen González, presidenta de la asociación de vecinos, "pero ahora la Administración ha cambiado de opinión. Ahora hay que arrasarlo todo". Acequias sucias, vertederos ilegales, carteles anunciadores en los márgenes de las carreteras, mastodónticos almacenes de contenedores del puerto acumulados en terrenos que fueron arrendados ilegalmente. "Ha sido un proceso pensado y paulatino para degradar la zona. Si hubieran cuidado la huerta, nadie permitiría que la destruyera un complejo industrial", concluye Carmen.

Proceso irreversible

El proceso legal también ha sido largo y lleno de tretas que los afectados califican de "sucias". "Primero el Consell aprobó en 1998 la Ampliación del Patrimonio Público del Suelo de la Generalitat sin decir que la huerta se vería destruida por la ZAL", explica Carmen González, "y al año siguiente vino la recalificación del suelo por la Consejería de Obras Públicas, que dejó de ser no urbanizable con especial protección. Entonces, nos dijeron, el proceso era irreversible: en ese suelo había que ubicar la ZAL porque para eso lo había adquirido la Administración". La asociación de vecinos, con Carmen al frente, está pendiente de los tres recursos contencioso administrativos que ha presentado en los juzgados. "Aquí la gente ha sido muy pasiva, pero esto se lo ha tomado en serio, porque está en juego su forma de vida", explica, "creen que somos unos desgraciados pero no es cierto, podríamos vivir en otro lugar; vivimos en la huerta porque queremos".No deja de ser paradójico que una comunidad que acostumbra a hacer pactos verbales, como ocurre en el modélico Tribunal de las Aguas, se haya visto envuelta en un proceso legal de tal magnitud. "Yo dejo pasar por mi casa al vecino que tiene la tierra al lado porque existe un pacto verbal, de paraula, que hizo mi abuelo con esa familia", explica Amparo. Aquí no valen los artificios legales. En la huerta valenciana las palabras no se las lleva el viento.