Las Arenas movedizas
De la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, podremos discrepar si así procede y, de hecho, hemos discrepado a menudo, lo que se compadece lógicamente con el cargo que ocupa y el largo itinerario político que la dama ha cubierto desde que, con plausible sagacidad, renunció al oficio de periodista. Sin embargo, a lo largo de su tránsito por la vida pública nadie ha podido cuestionarle su pulcritud administrativa. En otras palabras, no se le puede imputar el menor indicio de corrupción, lo que no deja de ser un entorchado al tiempo que una rareza. De ahí que hayamos de ser muy prudentes a la hora de implicarla en una presunta irregularidad.Con la debida prudencia, pues, pero al filo de lo que se viene publicando estos días, hemos de anotar que, por una vez al menos, la vemos atrapada en un asunto ensombrecido por la sospecha del amiguismo y el saqueo del patrimonio municipal. Nos referimos a la subasta o regalo de los terrenos que ocupa el balneario de Las Arenas -20.000 metros de suelo privilegiado- cuya adjudicación parece predeterminada para un único licitante armado de un más que cuestionable derecho de tanteo y otras garantías disuasorias para cualquier postor. Digamos que, según todos los visos, es una operación bien planificada en función de unos beneficiarios muy concretos, de lo que no ha de inferirse que es ilegal. Otra cosa será la transparencia y la idoneidad.
Por lo pronto, el vecino de a pie ha de preguntarse por qué le interesa al Ayuntamiento enajenar ese espacio excepcional, si bien la respuesta genérica podría decantarse de la avidez privatizadora que sacude al partido gobernante y de sus relaciones preferentes con las águilas o buitres que están a la que cae, sobre todo si es una pera en dulce. Y habría de preguntarse asimismo a santo de qué vienen estas prisas y son tan parcas las justificaciones de tal iniciativa.
Pero lo realmente llamativo es el espectacular proceso en virtud del cual un bien público -los terrenos ocupados por el balneario- se ha convertido en cuasi privado con una pila de derechos adquiridos. Recuérdese que se trata de una concesión "hecha a título de precario y con el exclusivo objeto de destinar los terrenos al establecimiento de un balneario. En cualquier época la Administración...podrá anular esta concesión sin derecho a reclamación ni indemnización alguna", como consta en el documento que la otorga en 1906 y que recientemente se ha ratificado registralmente sin soslayar o enmendar dichas especificaciones.
Como es evidente, la Administración, ya sea la del Estado o la municipal, no ha cancelado la repetida concesión que, con el tiempo, ha ido consolidándose hasta el punto de que los concesionarios creen que el solar es suyo. Y no es extraño que lo crean cuando han gozado de tanta tolerancia y favor por parte de los sucesivos partidos y gobiernos. Incluso pagan la contribución (el IBI), pero sólo desde 1995, a pesar de estar exentos, y han procedido a inscribirlo en el Registro de la Propiedad, como se señalaba en estas páginas el viernes pasado.
No cometeré la temeridad de hablar de "connivencias" o "tramas urdidas" como hacen los concejales socialistas, armados como dicen estar de pruebas bastantes para denunciar lo que, según como se mire, podría acabar siendo una subasta a la carta, un despilfarro o un despojo condensado por la dilatada desidia municipal y acelerado en estos momentos por ignoradas causas. Los tribunales dirán oportunamente su palabra, porque es previsible que hayan de ser los jueces quienes nos clarifiquen por qué una concesión como la descrita se convierte en un derecho de propiedad más blindado que un búnker. El munícipe popular Alfonso Grau entiende que todo esto es un culebrón y acaso acierte, pero pinta mal y hiede, el culebrón, digo.
