La Junta andaluza lleva al Constitucional el decreto que modifica la Ley del Suelo

El Gobierno andaluz acordó ayer interponer recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley aprobado por el Ejecutivo de la nación el pasado 23 de junio por el que se modifica parcialmente la Ley del Suelo. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía estima en sus fundamentos jurídicos que la norma invade competencias de la comunidad y que las razones de urgencia y excepcionalidad que envuelven esa fórmula legal son "inexistentes". Con ésta son ya dos las demandas planteadas por la Junta al Constitucional en apenas cuatro meses de legislatura.

Protestas de las ITV

El Ejecutivo que preside el socialista Manuel Chaves se ha decidido a dar el paso de interponer una demanda ante el Constitucional sobre el decreto ley de liberalización en el sector inmobiliario y transportes en su última reunión antes de las vacaciones, pese a que el plazo legal para recurrirlo acaba el próximo 24 de septiembre.El citado decreto fue aprobado, junto con otro paquete de medidas liberalizadoras, el pasado 23 de junio por el Consejo de Ministros y, según estiman los socialistas, invade competencias tanto de la comunidad como de los ayuntamientos al eliminar la discrecionalidad de los municipios a la hora de decidir qué terrenos son urbanizables.

En sus fundamentos jurídicos, la Junta andaluza argumenta una posible invasión de competencias autonómicas y la "inexistencia" de una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifique la utilización de un real decreto-ley.

Ya en el terreno de los argumentos políticos, el portavoz del Gobierno autonómico, Rafael Camacho, afirmó que los efectos económicos que perseguía el Gobierno de la nación a la hora de aprobar el decreto "son exactamente contrarios" a los que quería. "Cree que va a abaratar el precio del suelo y al habilitar unas expectativas para hacer urbanizable el suelo rústico puede colaborar a la especulación", aseguró.

El decreto, además, establece como positivo el silencio administrativo si en seis meses las gerencias municipales de urbanismo no responden a los planteamientos de construcción de los propietarios del suelo, lo que, a juicio del portavoz del Gobierno andaluz, deja en manos de la iniciativa privada la capacidad de "influir decisiva y y determinantemente" en la ordenación de las ciudades. Por este motivo, el PSOE convocó el pasado 12 de julio a sus representantes en los 22 municipios andaluces de más de 50.000 habitantes para coordinar acciones contra la norma estatal y dio instrucciones a todos sus representantes en los 770 ayuntamientos de Andalucía para que presenten mociones en todos los plenos instando a los grupos parlamentarios de las Cortes a que recurran al Constitucional. La Junta ya acordó el 4 de julio pasado una demanda similar por la liberalización de los horarios comerciales.

Por otro lado, las empresas concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) denunciaron ayer la posible inconstitucionalidad del decreto de liberalización del sector aprobado por el Gobierno el pasado mes de junio.La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración Técnica de Vehiculos (AECA-ITC) informó ayer del contenido de los dictámenes jurídicos encargados por la entidad para conocer el grado de eficacia del que podría disponer el sector para garantizarse el cumplimiento de sus contratos de concesión frente al Estado.

Los responsables de AECA ITV dijeron ayer en una conferencia de prensa que las medidas del Gobierno dejan abierta la puerta a que sean admitidos los talleres para realizar estas tareas de inspección.

Los dictámenes de las ITV dicen que las competencias en materias de ITV "no deben encuadrarse dentro de la actividad ejecutiva de ordenación del tráfico que es una competencia estatal de acuerdo con la doctrina del Constitucional".