Tony Blair afronta la reforma más ambiciosa de la historia de la sanidad pública británica

Crear el Servicio Nacional de Salud del siglo XXI le costará al Reino Unido una década. Hasta el año 2005, periodo en que los laboristas estarán en el poder si ganan las próximas elecciones, serán invertidos 19.400 millones de libras extras (5,33 billones de pesetas). El resto no ha sido evaluado, pero el Gobierno asegura que verá completada la ambiciosa batería de reformas presentada ayer por el primer ministro, Tony Blair. Él ha asumido en persona la responsabilidad de aumentar el número de camas, médicos y enfermeras de la red estatal, así como mejorar el cuidado de los ancianos y la dieta infantil. Los nuevos cambios afectarán sólo a Inglaterra, donde serán construidos 100 hospitales.

Espera máxima

Como consecuencia de la progresiva descentralización de la Administración británica, los parlamentos autónomos de Gales, Escocia e Irlanda del Norte se ocuparán de acordar y aplicar sus propias reformas.Blair ha pasado los últimos seis meses analizando junto con un selecto grupo de asesores los males que aquejan a la sanidad pública. Ha visitado toda clase de hospitales y hablado con su personal, desde las enfermeras menos cualificadas a los gerentes. Su investigación ha tenido un carácter tan personal que, cuando ayer acudió a la Cámara de los Comunes con su reforma sanitaria bajo el brazo, parecía a la vez el heraldo y el ideólogo de unos cambios de los que podría depender la suerte del laborismo en las próximas elecciones generales.

Enfermeras incentivadas

Tras la introducción de rigor con frases como "Nuestra gestión de la salud será la envidia del mundo", el líder laborista desgranó la lista de mejoras. Antes del año 2010 habrá 7.000 nuevas camas para los hospitales ya existentes. Además habrá 20.000 enfermeras adicionales y 6.500 nuevos terapeutas. La falta de especialistas, uno de los mayores problemas actuales, sobre todo en oncología y cardiología, será paliada con 7.500 facultativos. Un equipo de 2.000 nuevos médicos de cabecera será repartido por todo el país y podrá trabajar también en los 3.000 ambulatorios extra que serán creados. También habrá 500 centros de atención primaria para casos no urgentes. Tanto los especialistas como los médicos de familia se beneficiarán del millar de plazas añadido a las existentes en las facultades de Medicina.

Para los pacientes, convertidos por el Gobierno en el eje de esta reforma, habrá algo más que promesas. Los que precisen ser visitados por un especialista, serán llamados en un plazo máximo de 3 meses. Para las operaciones, la espera no podrá superar los seis meses. En ambos casos la nueva situación deberá estar normalizada para el año 2005. Dentro de dos años, cuando una intervención sea anulada el mismo día por motivos ajenos a los sanitarios, el paciente tendrá derecho a ser operado a los 28 días de la cancelación. Las visitas al médico de cabecera tendrán que adjudicarse en un plazo máximo de 48 horas.El Gobierno no quiere ver repetidos casos como el de Mavis Skeet, una paciente con cáncer de estómago que no pudo ser operada el invierno pasado en cuatro ocasiones por falta de camas. Cuando por fin entró en un quirófano, los médicos ya no pudieron hacer nada por ella y falleció a las pocas semanas. La peregrinación en vano de otro enfermo, Steve Harley, al que 19 médicos distintos no supieron diagnosticarle un tumor en la garganta, ha llevado al Ejecutivo a comprar 250 escáneres para rastrear ésta y otras enfermedades en todo el país.

En estos momentos, la esperanza de vida de los cancerosos varía en función de los servicios de oncología disponibles en su región natal. Como trasladarles a otra provincia para que reciban el tratamiento adecuado es demasiado caro, el Gobierno ha preferido repartir mejor los recursos. Lo mismo sucederá con las medicinas asociadas a la quimioterapia. Muchos hospitales públicos no tienen fondos para sufragarlas y los médicos acaban por no informar al paciente de su existencia. A partir de ahora, todos tendrán la oportunidad de recetarlas sin cobrar a los particulares. Las mamografías, por otra parte, cubrirán a todas las mujeres entre los 65 y los 70 años.

Decidido a atraer al mayor número posible de enfermeras a la red pública, el Gobierno les otorgará mayores poderes dentro de los hospitales y ambulatorios. En el año 2004 y después de haberlas adiestrado adecuadamente, podrán recetar y administrar ciertos medicamentos, recibir y dar el alta a los pacientes y realizar algunas de las labores técnicas reservadas ahora a los médicos."Son las mejoras más ambiciosas llevadas a cabo en los 52 años de historia de la sanidad estatal. No hemos ahorrado en nada y hemos elevado al paciente a la cabeza de nuestra propia lista de prioridades", dijo ayer Alan Milburn, ministro de Sanidad, que tomó el relevo una vez que Tony Blair concluyó la presentación general del plan.

El anuncio de que todos los niños entre 4 y 6 años recibirán una pieza diaria y gratuita de fruta en los colegios para mejorar su dieta, y por ende su salud futura, no pudo evitar que el cuidado a los ancianos, el último aspecto de las reformas, fuera recibido con poco entusiasmo por las asociaciones especializadas en la tercera edad. Los asesores oficiales habían aconsejado al Ejecutivo que corriera con los gastos sanitarios y de alojamiento de los pensionistas en Inglaterra. La decisión final ha excluido, sin embargo, este último punto de las cuentas públicas. Los enfermos mayores recibirán tratamiento médico gratuito, incluso cuando sean visitados en un hogar de ancianos. Todo lo demás, ayuda para comer o bien lavarse, correrá de su bolsillo.

Dos críticas al plan

Antes incluso de que Tony Blair y su titular de Sanidad, Alan Milburn, hubieran abandonado ayer la Cámara de los Comunes, comenzaron a oírse las primeras críticas a su reforma sanitaria. Los especialistas abrieron el fuego. El Gobierno quiere evitar que ocupen demasiado tiempo en sus consultas privadas en detrimento de los hospitales públicos. De ahí que vaya a obligarles a trabajar sólo para la red estatal durante los siete primeros años de su carrera. Aunque Blair ha prometido negociar con ellos incentivos financieros, los médicos han anunciado que piensan resistirse.

La atención a los mayores será el otro obstáculo para que los cambios prosperen con la suavidad deseada por el equipo de Blair. En Inglaterra hay 150.000 camas en residencias de ancianos que cuestan unas 360 libras semanales (casi 100.000 pesetas). Para entrar en uno de estos centros, unas 43.000 personas venden al año sus casas. El Ministerio de Sanidad no quiere ser acusado de quedarse con los ahorros de toda una vida, y ha decidido que en 2001 empiecen a pagar la cuota completa sólo a partir de los 6 millones de patrimonio.

Los que permanecen en su hogar abonan 10 libras a la hora (2.750 pesetas) a los asistentes o enfermeras enviados por las autoridades locales para atenderles. Éste es el tipo de gasto que las asociaciones benéficas querían ahorrar a los pacientes, pero la reforma no aborda este asunto. El anciano deberá pagar todo, excepto la atención médica propiamente dicha.

La organización Age Concern ha advertido de que muchas personas mayores padecen enfermedades como el Alzheimer y necesitan una ayuda constante que acaba por arruinarles. "Las visitas gratis de médicos a las residencias beneficiarán a unas 35.000 personas, pero cerca de 125.000 han sido abandonadas a su suerte porque precisan unos servicios diarios que nadie va a cubrir", dijo ayer Gordon Lishman, su director general.