Desarticulada una red acusada de concertar matrimonios de conveniencia para inmigrantes

La policía ha desarticulado en Madrid una banda acusada de concertar matrimonios de conveniencia para que ciudadanos extranjeros pudieran obtener permisos de residencia. Las falsos novios, al menos 20 personas, la mayoría rumanos, pagaron un millón de pesetas por las denominadas bodas blancas. Además, los cinco integrantes de la organización están inculpados por falsificar documentos y estafar a cien inmigrantes ilegales a los que cobraban 100.000 pesetas por la documentación. Entre las cinco personas arrestadas hay una mujer de 71 años y un rumano que captaba a los contrayentes.

Novias por 250.000

No existe en el Código Penal ningún artículo que sancione específicamente a los que contraen matrimonios blancos, según fuentes policiales. Sólo por analogía legal se podría considerar, según varios letrados consultados, como una estafa tipificada en el artículo 248 del Codigó Penal: "Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaran engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno". Pero esto sólo sería aplicable a los miembros de la banda que se encarga de organizar estos falsos matrimonios. En varias sentencias judiciales sobre bodas blancas probadas se ha disuelto el matrimonio, pero a ninguno de los contrayentes se les ha podido imputar delito alguno.

Los cinco implicados en esta red son Josefina Papai Reguero, de 71 años; su hija María Cristina, de 45, y su nieto Isaac. Los otros dos detenidos son Inés C. L. , de 38 años, y el rumano Titut Fabián C.C. Todos han sido enviados a prisión, según la Dirección General de Policía.

Para realizar su actividad, la banda disponía de dos pisos en Madrid (uno en el número 21 de la calle del Conde de Peñalver y otro en el número 2 de la calle de San Anastasio). Allí recibían a los extranjeros interesados en la boda. Las víctimas son mayoritariamente hombres rumanos, aunque también hay tres mujeres rumanas y algún colombiano.

A cambio del millón de pesetas les buscaban pareja y arreglaban los trámites. En los registros efectuados se ha requisado numerosa documentación de la que se deduce que prepararon 20 bodas. Los integrantes de la red reclutaban a mujeres españolas en zonas marginales que se prestaban a contraer matrimonio por un día a cambio de unas 250.000 pesetas. Una vez celebrado éste, cada cónyuge se iba por su lado y jamás volvía a verse.El caso salió a la luz el pasado marzo, cuando los agentes de la Servicio Central de Extranjería averiguaron que extranjeros de diversas nacionalidades llevaban con frecuencia pasaportes, principalmente rumanos, y documentos de todo tipo a la casa de la calle Conde de Peñalver. Una vez identificados los miembros de la familia se comprobó que presentaban ante las autoridades decenas de solicitudes de residencia para extranjeros, acogiéndose al actual proceso de regularización.

La policía examinó dichas peticiones y descubrió la confección de justificantes falsos para acreditar la estancia en España de sus clientes antes del 1 de junio de 1999, uno de los requisitos imprescindibles para poder acogerse al proceso. Los integrantes de la red solían proveerse de fotocopias de documentos nacionales de identidad de personas mayores y de empresas para conseguir los permisos de trabajo y con ellos simulaban ofertas de empleo, que posteriormente presentaban en la Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo. Por estas actividades, la organización cobraba a cada interesado en torno a 100.000 pesetas, que eran repartidas entre quienes confeccionaban los documentos, los que captaban a los extranjeros y los que prestaban sus documentaciones para la tramitación fraudulenta de solicitudes.

Otra de las actividades ilegales que realizaban era la de ofrecerse a conseguir los visados en el país de origen de los extranjeros, para que éstos no tuvieran que desplazarse a los mismos, a cambio de 80.000 pesetas. Ante la imposibilidad de realizar esta gestión se limitaban a solicitar una exención de visado en la Delegación del Gobierno de Madrid, aportando documentación falsa y engañando de paso al extranjero, ignorante del procedimiento a seguir.

Según la policía, los detenidos "sin escrúpulos, se valían de la precaria situación en la que se encuentran estos inmigrantes, que únicamente pretendían legalizar su situación en España".

Las investigaciones se iniciaron coincidiendo con la tramitación de la documentación necesaria para la obtención de permisos de trabajo y residencia en España, tanto a través del régimen general como de los cupos para los contingentes de los últimos años y el procedimiento de regularización para este año por la Ley de Extranjería. El proximo 31 de julio finaliza el plazo para que los extranjeros que residan en España desde el 1 de junio del 1999 puedan obtener su permiso de residencia.