Un informe de dos arquitectos tilda de "ilegal" y "suicida" el plan de El Cabanyal

Engañoso, arbitrario e incompleto. Así califica el informe técnico de dos arquitectos, profesores de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, el Plan de Especial de Protección y Reforma Interior del Canbanyal-Canyamelar (PEPRI). Este polémico plan, que tiene previsto prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, dividirá en dos el barrio de El Cabanyal y supondrá la demolición de entre 1.000 y 1.600 viviendas. Contra él se han pronunciado la Plataforma Salvem el Cabanyal, vecinos, sindicatos, partidos políticos de la oposición y otras asociaciones. El informe de los arquitectos fue presentado ayer en el Ayuntamiento por sus autores, Vicent García y Marilda Azulay; los grupos de la oposición, PSPV y EU; y la Plataforma Salvem el Cabanyal. Según García, el informe ha tratado de ser "lo más científico posible" y se ha centrado, no tanto en si es conveniente o no la prolongación de Blasco Ibáñez, como en analizar los contenidos del PEPRI.

El plan, que destruirá la trama urbana del barrio de El Cabanyal y eliminará más de un centenar de edificios protegidos y catalogados en el Plan de Ordenación Urbana, no asume ni incorpora, según el técnico, el hecho de que "el barrio de El Cabanyal es un Bien de Interés Cultural cuya protección y conservación corresponde a todos los valencianos y especialmente a los poderes públicos que los representan, a través de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano".

El informe concluye que se está confundiendo "conexión" con "accesibilidad vial": "El Cabanyal-Canyamelar es Valencia -la anexión dels poblats marítims a la ciudad se produjo en 1897- y por lo tanto Valencia ya está conectada con el frente marítimo".

García explicó que el plan ha escogido la opción dos por tener una mayor adhesión de los ciudadanos, obviando el hecho de que sólo el 0,5% de los consultados se manifestaron a favor. En este sentido, explicó, "se manipula el resultado".

El plan afecta a tal número de personas que legalmente es obligatorio consultarles, afirmó García, que calificó el plan de "suicida". El técnico explicó que "el urbanismo de hoy ya no se hace así, ahora se conciertan las cosas entre los ciudadanos, los políticos, los agentes sociales y los técnicos, cosa que no se ha hecho".

Un informe de la Facultad de Derecho hecho público el pasado mayo, coincide con el de los arquitectos al considerar el plan "a todas luces y manifiestamente ilegal, además de inconveniente desde el punto de vista urbanístico y nocivo desde la perspectiva humana y social".